Llenan de papeles triturados la entrada de Acción Climática en Lleida para denunciar el exceso de burocracia

Agricultores y ganaderos han llenado este jueves de papeles triturados la entrada de los servicios territoriales del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural en Lleida para denunciar el exceso de carga burocrática. Alertan de que la situación se ha agravado con la nueva obligación de presentar la declaración anual de residuos peligrosos, un trámite que consideran que no tendrían que hacer porque la administración ya tiene esta información. "Ya basta de duplicar trabajo, lo que tiene que hacer la administración es simplificar", pide el responsable del sector Porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri. El responsable de Sectores Ganaderos de UP, Jordi Armengol, aclara que no se niegan a hacer la trazabilidad de los residuos, sino "a trabajar en en balde".

Unió de Pagesos recuerda que está a favor de garantizar la trazabilidad de la producción, los subproductos y los residuos que se generan con la actividad ganadera, pero exige a las administraciones que utilicen el principio de proporcionalidad y que tengan en cuenta la carga que implica para los ganaderos la aplicación práctica de legislaciones cada vez más numerosas y las obligaciones que se generan. "La administración tiene que ser consciente de que aquello que pide se tiene que poder cumplir porque ya estamos cansados", dice Armengol, que cuantifica en casi media jornada el tiempo que "pierden" haciendo gestiones burocráticas.

"Nos tenemos que dedicar a cuidar de los animales y no a pasar tanto de tiempo a los despachos con papeleo", alerta Saltiveri. Por estos motivos, Unió de Pagesos reclama al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural que plantee al Ministerio para la Transición Ecológica que las granjas estén "exentas" de presentar la declaración anual de residuos peligrosos, tal como propondrá esta tarde el sindicato en una reunión en Madrid a la cual asistirá el coordinador nacional, Joan Caball, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

La nueva Ley estatal de residuos (Ley 7/2022, de 8 de abril) ha extendido la obligación de presentar la declaración anual a todos los productores de residuos peligrosos. El sindicato advierte que los datos que hay que aportar en esta declaración (tipo de residuo peligroso, cantidad producida, destino y método de tratamiento) es una información de la cual ya dispone la administración ya que la gestión de los residuos peligrosos se hace mediante gestores autorizados a través del Sistema Documental de Residuos telemático (SDR), de manera que queda registrado todo el control documental de la gestión.

Además, recuerdan que el tipo de residuos peligrosos generados en las granjas son sobre todo envases vacíos de productos biocidas, envases vacíos de aerosoles y varios residuos zoosanitarios que se producen en cantidades muy inferiores a las 10 toneladas/año que se establecen para considerar a un productor de residuos como pequeño productor de residuos peligrosos.

Unió de Pagesos denuncia, por lo tanto, que la obligación de hacer esta declaración supone volver a aportar la misma información a la administración, contraviniendo el principio incluido a la Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre), según el cual estas no tendrían que requerir datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente.

Además del exceso de carga burocrática, el sindicato pide al Departamento medidas para aquellas explotaciones de cereales más afectadas por las pérdidas de producción para no comprometer su viabilidad. "Está el problema de la rentabilidad de las granjas pero también del aburrimiento de los ganaderos de tener que hacer tanta burocracia y la administración tiene que pensar que si queremos tener agricultores y ganaderos en el territorio tienen que simplificar las cosas", concluye Saltiveri.

El Departamento de Acción Climática, de lado de agricultores y ganaderos

Desde el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, aseguran que están de lado del sector y que entienden sus demandas. Recuerdan, sin embargo, que se trata de una ley estatal y que por este motivo están haciendo gestiones para exigir a Madrid que clarifique la norma y acote el rango de las actividades productoras que tienen esta obligación.