Doce empresas de Lleida tendrán que calcular y declarar su huella de carbono

Las doce empresas con mayor plantilla de Lleida están obligadas a partir de enero a calcular la huella de carbono que generan con su actividad, a disponer de un plan para reducirla y a difundir ambas informaciones, según recoge el decreto que crea el registro de huella de carbono, publicado en el BOE el 12 de abril.

La docena de firmas con sede en Ponent que superan el medio millar de trabajadores deberán exponer ese impacto “de forma gratuita y de manera accesible” en sus páginas web, en las que también deberá figurar “un plan de reducción” que “contemplará, como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de al menos cinco años, junto con las medidas para su consecución”.

El cálculo, que debe ser certificado por una “entidad acreditada” tipo Aenor, deberá incluir “el dato de la huella de carbono atribuible al territorio nacional desglosada por fuentes de emisión” (en enero deben difundir la de 2025) y especificar los “límites operativos” que incluye.

Las empresas afectadas, según datos de la Cámara de Comercio, son Gestió de Serveis Sanitaris, Rodi Metro, Servinet (Serveis de Personal y Neteja), Supsa (Supermercados Pujol), y José Antonio Romero Polo de la capital; Argal Alimentación, de Miralcamp; Copuno (Contratas Públicas del Norte), Corporación Alimentaria Guissona, de Guissona, y Nufri, de Mollerussa. A estas se les suman tres que operan como grupos: Vall Companys, de Lleida; BAIN (Borges Agricultural & Industrial Nuts), de Reus, y Prefabricats Pujol, de Mollerussa.

Sorigué no entraría en la lista por tener su sede en Barcelona, aunque desarrolla gran parte de su actividad en Ponent, ni tampoco Joyería Tous, con NIF leridano pero sede en Manresa. Tampoco entran, por menos de cien empleos, Ros Roca o Actel.

Mientras la Paeria de Lleida elude esa obligación por quedar fuera los ayuntamientos y la Diputación puede secundarla “de manera voluntaria”, queda en un limbo la situación de otras cuatro entidades leridanas con más de medio millar de empleados: la UdL y los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria son “entidades de interés público” pero ajenas al sector público estatal, al que en principio se limita la obligación, y Aspros es una fundación.

“Lo que no se mide no se puede reducir”, señala Carlos Portero, técnico de Gobernanza Climática de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), quien destaca cómo la fórmula de cálculo “va a permitir generar registros más completos”.

Las empresas obligadas a calcular su huella no lo estarán por ahora a anotarla en el Registro de Emisiones del Gobierno, aunque hacerlo puede reportarles ventajas competitivas. Esa inscripción es uno de los medios para demostrar la huella de carbono y los planes para reducirla que pueden incluir las licitaciones “entre las consideraciones de tipo medioambiental”.