Ryanair lidera el ranking de las 15 multas más altas impuestas en la historia por las autoridades de consumo
La aerolínea recibió una sanción histórica de 107,78 millones de euros en 2024 por cobrar recargos ilegales por equipaje de mano

Imagen de archivo de un avión.
La aerolínea irlandesa Ryanair encabeza la lista de sanciones históricas impuestas por las autoridades de consumo en España con una multa de 107,78 millones de euros. Esta sanción, aplicada en noviembre de 2024 por el Ministerio de Consumo, forma parte de un conjunto de medidas contra varias compañías aéreas por el cobro ilegal de recargos por equipaje de mano y otras irregularidades. La información aparece detallada en el libro ¿Por qué dejas que te roben? Edición 2.5 de Rubén Sánchez.
El ranking de las 15 multas más cuantiosas de la historia revela que ocho fueron impuestas por la Junta de Andalucía, cinco por el Ministerio de Consumo y dos por la Comunidad de Madrid. Todas estas sanciones están vinculadas a denuncias presentadas por la organización de consumidores FACUA. El documento evidencia cómo las autoridades españolas han intensificado su actuación contra prácticas fraudulentas masivas, aunque el importe de las multas sigue siendo muy inferior al beneficio ilícito obtenido por las empresas en muchos casos.
Tras Ryanair, completan el podio de las mayores sanciones Vueling con 39,26 millones y EasyJet con 29,09 millones de euros, ambas impuestas también en 2024 por el mismo motivo del recargo ilegal por equipaje en cabina. La cuarta posición la ocupa Unicaja con una multa de 3,15 millones de euros aplicada en 2017 por sus cláusulas suelo. Este expediente consideró solo el dinero defraudado a poco más de 500 usuarios que reclamaron, ignorando a decenas de miles de afectados en Andalucía.
Las mayores sanciones a empresas por fraudes al consumidor
El listado completo de las 15 multas más elevadas muestra una notable diferencia entre las cinco primeras posiciones y el resto. Las cinco sanciones del Ministerio de Consumo en 2024 destacan por su cuantía significativamente mayor, lo que señala un cambio de tendencia en la política sancionadora desde que este organismo asumió competencias en 2022. Hasta entonces, las multas raramente superaban los 3 millones de euros, incluso en casos de fraudes masivos que generaban beneficios ilícitos muy superiores.
Movistar aparece tres veces en el ranking: en quinta posición con una multa de 2,9 millones impuesta por Madrid en 2007 por el redondeo al alza en la facturación de llamadas; en undécima posición con 1,53 millones por la subida de tarifas de Movistar Fusión tras incumplir su promesa publicitaria de mantenerlas "para siempre"; y en duodécima posición con otra sanción de 1,53 millones por imponer la facturación electrónica sin consentimiento expreso y cobrar por rehabilitación de servicios suspendidos.
Las entidades bancarias también tienen presencia destacada en esta lista por las cláusulas suelo. Además de Unicaja (4ª posición), aparecen CaixaBank con 2,4 millones (6ª), Banco Mare Nostrum con 1,58 millones (10ª) y Caja Rural de Granada con 1,17 millones (15ª). En todos estos casos, las sanciones incluyeron el comiso de cantidades defraudadas, pero solo a los usuarios que habían presentado denuncias formales ante las autoridades de consumo.
El caso de las aerolíneas y el recargo por equipaje de mano
Las cinco sanciones más cuantiosas impuestas en 2024 por el Ministerio de Consumo corresponden a aerolíneas por el cobro ilegal de recargos por equipaje de mano. Este caso ejemplifica cómo la asunción de competencias sancionadoras por parte del ministerio ha permitido aplicar multas más proporcionales al daño causado. Además de las ya mencionadas Ryanair, Vueling y EasyJet, completan la lista Norwegian (9ª posición) con 1,61 millones y Volotea (14ª) con 1,19 millones de euros.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, firmó estas sanciones tras determinar que las compañías estaban vulnerando los derechos de los consumidores al cobrar por un servicio que debería estar incluido en el precio básico del billete, según la normativa europea. La práctica afectaba a millones de pasajeros que debían pagar suplementos para poder llevar consigo una maleta de mano de dimensiones estándar en cabina.