El juez investiga la externalización de la inspección de la Diputación de Lleida

El Juzgado de Lleida ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) contra la supuesta externalización fraudulenta de los servicios de inspección tributaria en el ámbito provincial, en este caso de la Diputación de Lleida, según fuentes de esta asociación. La decisión judicial supone, según la organización, “un avance muy importante” en la lucha contra el abandono que, denuncian, sufren las Haciendas Públicas locales de todo el Estado desde hace décadas.

Por su parte, fuentes de la Diputación de Lleida explicaron que la externalización de este servicio formaba parte de un acuerdo marco de la FEMP (Federación Española de Municipios) al que se adhirió el 2024, pero que no se ha utilizado nunca. En este sentido, dijeron desconocer por qué razón el Juzgado ha admitido a trámite la denuncia.

Según un comunicado de la asociación de inspectores de la Hacienda Pública Local, la “ANIHPL lleva años alertando de la proliferación de contratos mediante los cuales cientos de ayuntamientos y diputaciones habrían cedido funciones propias de los inspectores municipales a empresas privadas”. Esa práctica, según detallan, implica la “expulsión” del empleado público de tareas que la ley reserva en exclusiva a funcionarios, con el consiguiente riesgo para las garantías de los contribuyentes y el interés general. Sostiene que la participación de personal ajeno a la Administración Tributaria constituye una “intromisión ilegal” en funciones reservadas a agentes de la autoridad. Además, asegura que, en muchos casos, las empresas adjudicatarias no se limitan a tareas de asistencia técnica, sino que llegan a realizar requerimientos a contribuyentes, actuaciones sancionadoras e incluso a diseñar planes de inspección, seleccionando a quién investigar.

Esta asociación alerta de que estas actuaciones derivan en una “judicialización permanente” y en la “parálisis administrativa”, ya que muchos procedimientos acaban anulados al demostrarse la intervención de empresas privadas en tareas inspectoras. Por ello, considera que “este caso judicial” es un reflejo más del “abandono” que sufren las haciendas locales, afectadas también por la inseguridad jurídica de varios tributos, como la Plusvalía, el de Construcciones, Instalaciones y Obras, el de Vehículos de Tracción Mecánica o el de Actividades Económicas (IAE) o la Tasa de Residuos.