Un juzgado perdona una deuda de más de 100.000 euros a un vecino de Sidamon que avaló un préstamo de sus padres
Se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad tras problemas derivados de la crisis de la construcción de 2008
Imatge de l’edifici judicial del Canyeret. - SEGRE
El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha exonerado a un vecino de Sidamon del pago de una deuda que ascendía a 102.332,50 euros, tras acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. El hombre, que se encontraba en situación de insolvencia, había avalado un préstamo solicitado por sus padres para hacer frente a las dificultades económicas que atravesaba la empresa familiar como consecuencia directa de la crisis inmobiliaria de 2008 y una serie de circunstancias adversas ajenas a su voluntad.
La situación de insolvencia no fue resultado de una mala gestión económica ni de negligencia por parte del afectado. La empresa familiar se vio gravemente afectada por la crisis de la construcción, a lo que se sumó un litigio por la venta fallida de un terreno. Los compradores, que habían realizado una señal, se echaron atrás y reclamaron judicialmente la devolución del importe más los intereses correspondientes, lo que desembocó en un proceso judicial prolongado y costoso.
Ante este escenario, la entidad bancaria aconsejó a los padres cancelar la póliza existente, hipotecar su vivienda y contratar un préstamo adicional para cubrir dos años de carencia. El banco también recomendó ampliar el importe del préstamo de 24.000 a 50.000 euros para afrontar diversos gastos, poniendo como condición que tanto el hombre como su hermana actuaran como avalistas. Ambos aceptaron las condiciones sin obtener beneficio económico alguno, movidos únicamente por la solidaridad familiar.
La imposibilidad de afrontar los pagos
Con el tiempo, la situación financiera de los padres se deterioró hasta el punto de no poder hacer frente a los pagos, lo que provocó la ejecución hipotecaria de su vivienda. La subasta del inmueble no cubrió la totalidad de la deuda, por lo que el banco inició un procedimiento adicional contra los avalistas, reclamándoles el importe restante. "A partir de entonces recibimos varapalos constantemente. Además, los intereses de demora eran elevados, pero siempre tuvimos la intención de negociar con el banco. Éste se negó en todo momento, llegando incluso a decirnos que pidiéramos dinero a algún conocido para hacer frente al pago de la deuda", relata el afectado.
Marta Bergadà, abogada y socia fundadora de Bergadà Abogados, despacho especializado en Derecho concursal que ha llevado el caso, explica que "la situación era dramática, ya que los dos hermanos habían avalado a sus padres con buena intención y confiaron en las recomendaciones del banco, pero cuando llegaron los problemas éste les dio la espalda y se negó a negociar, pese a la voluntad que tenían de encontrar una solución".
Consecuencias para la salud y situación económica
La presión económica acabó pasando factura a la salud del avalista. En enero de 2020, fue declarado jubilado por incapacidad permanente tras sufrir un infarto masivo que le mantuvo más de 20 días en la UCI. "Eso fue fruto de todo el estrés, nervios y ansiedad que estaba sufriendo, ya que me habían amargado la vida durante años de mucho sufrimiento y de lucha constante", lamenta. Sus únicos ingresos se reducían a una pensión por invalidez y otra por viudedad, que además fueron parcialmente embargadas como consecuencia de la ejecución del aval.
La abogada señala que "esa deuda no la contrajo en beneficio propio, sino por solidaridad familiar. De hecho, no pudo cumplir con sus obligaciones como avalista y la situación se agravó por su incapacidad física y la imposibilidad real de generar ingresos adicionales".
En 2024, el afectado recibió un importe de un seguro vinculado a su invalidez, que destinó a adaptar su vivienda a sus necesidades físicas y a saldar deudas previas. Sin embargo, esto generó una obligación fiscal en su IRPF que no pudo asumir. A esta circunstancia se sumaba el constante acoso de empresas de recobro exigiendo el pago de la deuda.
El proceso hacia la Segunda Oportunidad
El punto de inflexión llegó en mayo de 2024, cuando el hombre contactó con Bergadà Abogados. "Casualmente, hace años que conozco a Marta Bergadà y un abogado que sabía de mi caso me dijo que contactara con ella y su equipo, ya que eran especialistas en la Ley de la Segunda Oportunidad, así que lo hice", recuerda. La letrada añade que "estaba en una situación límite y nos pusimos a trabajar rápidamente en su caso. Se trataba de un deudor de buena fe, por lo que de inmediato se inició el procedimiento".
Finalmente, el Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha emitido un auto por el que se perdona al hombre de una deuda de 102.332,50 euros. La noticia ha supuesto un alivio enorme para el afectado: "En el momento en el que me llamaron para decirme que se me había exonerado el pasivo insatisfecho gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad me emocioné. Llevaba años sin poder dormir más de cuatro horas seguidas y aquel día lo conseguí".
"Ahora veo el futuro con mayor tranquilidad, respiro más y espero que el caso de mi hermana también se solucione rápido", concluye el vecino de Sidamon.
