El Govern aportará cerca de 23 MEUR más hasta el 2029 para financiar la justicia gratuita

La Generalitat de Catalunya y el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han sellado este martes un acuerdo trascendental que contempla una inyección adicional de 5,7 millones de euros anuales durante el cuatrienio 2026-2029. Esta medida, que totalizará 22,8 millones de euros, busca fortalecer de manera estructural el servicio de asistencia jurídica gratuita en toda la comunidad autónoma. Asimismo, se ha rubricado el nuevo convenio anual para el turno de oficio de 2026, cuya dotación asciende a 74,2 millones de euros.

Este flamante convenio de 2026 contempla un incremento del 2,5% en la retribución de los módulos existentes, la incorporación de nuevas categorías y un refuerzo significativo del turno de oficio en distritos judiciales específicos como Figueres, Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer y La Seu d'Urgell. El servicio de justicia gratuita abarca, entre otras prestaciones esenciales, la asistencia letrada a personas detenidas, la asignación de abogados de oficio y el acompañamiento legal en procesos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia, siempre conforme a la legislación vigente.

La financiación de esta iniciativa ya cuenta con respaldo legal gracias a la aprobación de un acuerdo gubernamental de gasto plurianual. El propósito fundamental es recuperar de forma progresiva el 31% del poder adquisitivo que los profesionales del turno de oficio han visto mermado desde 2011 en la compensación por sus actuaciones. Para 2026, el Ejecutivo catalán prevé que esta aportación extra de 5,7 millones de euros se materialice a través de una adenda al convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), sirviendo como mecanismo operativo para canalizar estos fondos hacia el sistema de turno de oficio.

El compromiso suscrito entre el Govern y el CICAC posee un carácter finalista, garantizando que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio. Además, se prevé la actualización de los módulos y guardias, así como una mejora sustancial en la asistencia al detenido.

convenio de 2026: mejoras y dotación económica

Más allá del acuerdo para la aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales, el Departamento de Justicia ha formalizado con el CICAC otro documento crucial: el convenio de colaboración para 2026. Mediante este, Justicia aporta recursos económicos que contribuyen a financiar algunas de las tareas que desarrolla el CICAC, especialmente la gestión del turno de oficio, las guardias y la compensación de las actuaciones profesionales.

El convenio establece una dotación global de 74,2 millones de euros. De esta cantidad, 70,2 millones de euros se asignan directamente a compensar las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, mientras que 4 millones de euros se destinan a los gastos de gestión de los colegios profesionales, imprescindibles para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

Este importe representa un incremento de 1,82 millones de euros respecto al convenio de 2025, lo que permite ampliar la cobertura del servicio e incorporar nuevas mejoras sin reducir las prestaciones actuales. Adicionalmente, el convenio estipula que los montos destinados a financiar el turno de oficio se incrementarán en un 2,5%. Esto implica una actualización directa de todos los módulos de compensación que regulan la retribución de las actuaciones de los letrados del turno de oficio, con el objetivo de ajustarlas a la realidad del servicio.

En el caso específico de 2026, este incremento lineal del 2,5% en los módulos tiene un impacto económico estimado de 2,9 millones de euros, que se aplicará mediante el retorno de los sobrantes presupuestarios de 2025. Si se consideran conjuntamente este importe, el incremento de 1,82 millones de euros del convenio anual respecto a 2025 y la aportación adicional de 5,7 millones de euros derivada del acuerdo político e institucional, el esfuerzo presupuestario total del Govern destinado al turno de oficio en 2026 se eleva hasta los 10,4 millones de euros.

despliegue territorial y refuerzo en partidos judiciales

Uno de los pilares centrales del convenio de 2026 es el despliegue territorial del servicio, con medidas adaptadas a la realidad de cada partido judicial. Se entiende por partido judicial el ámbito territorial donde se organiza la actividad de los juzgados y donde se presta el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Este enfoque permite ajustar los recursos a la carga real de trabajo y a las necesidades específicas de cada territorio, evitando desequilibrios y garantizando una atención equitativa en todo el país.

En primer lugar, el convenio prevé la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en el partido judicial de Figueres, con dos abogados de guardia diarios y una dotación específica de 7.250 euros. El objetivo es reforzar la atención jurídica especializada en un ámbito de elevada complejidad y con una incidencia especialmente significativa en este territorio debido a su proximidad con la frontera francesa.

Asimismo, se impulsa el refuerzo del turno penal en Santa Coloma de Farners, con la incorporación de un abogado más de guardia y una dotación de 76.000 euros, para mejorar la capacidad de respuesta en materia penal y reducir la carga de trabajo existente.

El convenio también incluye el refuerzo del turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer, con una dotación específica de 27.950 euros. Esta medida está destinada a mejorar la cobertura del servicio y garantizar una atención jurídica especializada a las víctimas en un ámbito de especial sensibilidad. Precisamente, la nueva ley de eficiencia judicial hará que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de Lleida también asuman los casos de los partidos judiciales de Cervera y Balaguer.

En cuanto a la organización del servicio, el convenio contempla la adaptación del sistema de guardias del turno de detenidos en La Seu d’Urgell. Este pasa de un modelo de guardia semanal a un modelo de justificación por asistencia efectivamente realizada, más ajustado a la realidad del territorio y a la frecuencia real de las asistencias, lo que permite optimizar recursos.

nuevos módulos de compensación: reconocimiento de la labor profesional

Otro de los ejes relevantes del convenio es la creación de nuevos módulos de compensación, es decir, las cantidades económicas que perciben los profesionales del turno de oficio en función del tipo de actuación que realizan. Cada módulo se corresponde a un tipo concreto de actuación judicial (por ejemplo, acompañar a un acusado en una declaración ante el juzgado de instrucción está asociado a un módulo que establece la cantidad que se paga al abogado de oficio que realiza aquel acompañamiento). Con estos nuevos módulos, el convenio adapta el sistema de compensaciones a la realidad del trabajo efectivamente prestado y permite reconocer actuaciones habituales que hasta ahora no disponían de un encaje específico.

En el ámbito penal, el convenio incorpora un nuevo módulo vinculado a la comparecencia del abogado de oficio en la audiencia del detenido prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal. Esta es la audiencia en la que el juzgado decide sobre una posible prisión provisional o libertad con medidas. Este nuevo módulo dispone de una asignación económica global de unos 300.000 euros, destinada a reconocer una actuación especialmente relevante y hasta ahora no compensada de manera diferenciada.

El convenio crea también un nuevo módulo para los casos en que un mismo abogado debe asumir la doble condición de acusación y defensa penal en un mismo procedimiento en nombre del beneficiario de justicia gratuita. Esta medida cuenta con una asignación económica prevista de 316.480 euros, destinada a reconocer una carga de trabajo adicional que hasta ahora no quedaba reflejada de manera específica en el sistema de compensaciones.

En el ámbito civil y mercantil, se introduce un nuevo módulo vinculado a los supuestos de reconvención, es decir, aquellos casos en que el abogado de oficio representa a una persona que ha sido demandada y decide responder a la demanda contra su cliente con una demanda contra la parte que ha demandado. Este nuevo módulo tiene una dotación económica prevista de 300.000 euros.

Finalmente, en el ámbito laboral, el convenio crea un nuevo módulo para reconocer la intervención del abogado de oficio en la conciliación previa obligatoria antes de ir a juicio, una actuación clave en muchos procedimientos laborales. Este nuevo módulo cuenta con una asignación económica prevista de 326.291 euros.

Este conjunto de medidas se completa con la revisión de los criterios interpretativos y de los sistemas de justificación de las actuaciones, con el objetivo de homogeneizar la compensación en todo el territorio y hacerla más clara, objetiva y ajustada a la labor real realizada por los profesionales del turno de oficio.

calidad del servicio, digitalización y atención ciudadana

El convenio de colaboración refuerza de manera específica los mecanismos de calidad del servicio, con el objetivo de garantizar una atención homogénea, rigurosa y centrada en las necesidades de la ciudadanía.

En este sentido, se prevén medidas para conocer la opinión de las personas usuarias del servicio de asistencia jurídica gratuita mediante encuestas, sistemas de evaluación y seguimiento, así como actuaciones orientadas a reducir los tiempos de espera y mejorar la orientación jurídica previa, evitando desplazamientos o trámites innecesarios.

El convenio impulsa también la tramitación electrónica integral de los expedientes, tanto en lo que respecta a la solicitud del derecho como a la gestión y justificación de las actuaciones profesionales. Esta digitalización permite agilizar los procedimientos, mejorar la coordinación entre los colegios profesionales, las comisiones de asistencia jurídica gratuita y la administración, y avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente del servicio.

Además, se establecen criterios para reforzar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas informáticos, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los expedientes y garantizar una respuesta más ágil y coordinada.

formación y especialización para una justicia de calidad

El texto del convenio pone un énfasis especial en la formación y especialización de los profesionales del turno de oficio, como elemento clave para garantizar una atención de calidad en ámbitos de elevada complejidad jurídica y social.

En este marco, se refuerzan los requisitos y criterios de formación específica para los turnos especializados —como los de extranjería, violencia sobre la mujer, menores o ámbito penitenciario— y se promueve la formación continua de los profesionales, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.

El convenio reconoce la importancia de disponer de profesionales debidamente formados para afrontar situaciones especialmente sensibles, garantizando una atención jurídica rigurosa, empática y adaptada a las circunstancias de cada caso.

impulso al uso del catalán en la justicia gratuita

El refuerzo del servicio de asistencia jurídica gratuita va acompañado también de un impulso al uso del catalán en el ámbito judicial, con el objetivo de garantizar de manera efectiva el derecho de opción lingüística de la ciudadanía e incrementar la presencia del catalán en un ámbito donde continúa siendo claramente minoritario, especialmente en los procedimientos con justicia gratuita.

En este contexto, el Govern ha aprobado para 2026 dos programas específicos de fomento del catalán dirigidos, por un lado, a la abogacía del turno de oficio y, por otro, a la procuraduría que actúa en procedimientos con asistencia jurídica gratuita. Estos programas dan continuidad a las políticas impulsadas los últimos años para revertir la infrarrepresentación del catalán en los juzgados y contar con la implicación directa de los operadores jurídicos.

En cuanto a la abogacía, el Departamento de Justicia ha renovado el convenio con el Consell de l’Advocacia Catalana para mantener durante 2026 el programa de fomento del uso del catalán en las actuaciones del turno de oficio, con una dotación de hasta 500.000 euros. El programa prevé complementos económicos para las actuaciones profesionales escritas realizadas en catalán, especialmente aquellas vinculadas al inicio o impulso de los procedimientos judiciales, como demandas, contestaciones o recursos.

Paralelamente, el Govern ha impulsado un programa específico dirigido a la procuraduría, con una dotación máxima de 200.000 euros, para incentivar la presentación en catalán de escritos procesales en procedimientos con justicia gratuita. En este caso, el programa promueve la presentación en catalán de un mínimo de dos escritos dentro de un mismo procedimiento judicial, reforzando así el uso del catalán en fases clave del proceso.

declaraciones institucionales: "justicia para todos"

Durante el acto de firma del convenio, el presidente del Govern, Salvador Illa, ha destacado que garantizar una "buena justicia" es asegurar también un "buen estado del bienestar". El jefe del ejecutivo ha reivindicado que, si se exige "salud pública para todos", también es imperativo garantizar "justicia para todos". Illa ha afirmado que hoy se resuelve una "demanda histórica", ya que toda la ciudadanía reclama una justicia "más eficaz".

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha subrayado que el acuerdo permitirá que las personas sin recursos tengan más facilidades en el ámbito legal, garantizando así mayores condiciones de igualdad. Por su parte, el presidente del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, Rogeli Montoliu, ha aseverado el compromiso "firme y político" del acuerdo firmado este martes en el Palau de la Generalitat.