Enseñanza no investiga el caso de los alumnos que pedían castellano

La conselleria de Enseñanza de la Generalitat “no considera necesario” abrir expediente informativo –como sugirió el Síndic de Greuges– para aclarar si personal del centro Gaspar de Portolà de Balaguer o de la administración dio datos a la prensa que permitieran identificar a dos alumnos que pidieron escolarización en castellano, porque no le consta que se filtrara. En una respuesta parlamentaria a diversas preguntas de Cs, la consellera Meritxell Ruiz asegura que la actuación del centro fue adecuada “sin que conste que se haya desvelado nominalmente la identidad de la familia que instó al procedimiento judicial”.En junio de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó una interlocutoria que adoptaba medidas escolares para cursar un 25% de materias en castellano, y el director de la escuela debía hacer unas adaptaciones en el régimen lingüístico en los grupos donde estaban escolarizados los niños. En septiembre de 2015, la dirección de la escuela convocó y se reunió con las familias de los alumnos afectados por la resolución, ya que, desde el punto de vista organizativo y pedagógico, veía necesario explicar cómo afectaría la resolución judicial al proyecto lingüístico del centro. Según la consellera, el equipo directivo solo informó de los cursos escolares que estaban afectados por las medidas cautelares y antes del 14 de septiembre, la familia comunicó al centro la “baja voluntaria” de sus hijos, que cambiaron de escuela. La resolución del Síndic de Greuges había pedido a Enseñanza tomar las medidas necesarias para asegurar en adelante el “derecho a la intimidad” de los alumnos.