La Paeria atiende a 23 mujeres y 18 niños por violencia machista, el doble que en 2017

La Paeria ha atendido este año a 23 mujeres y 18 niños en situación de violencia machista, el doble que el año anterior, en tres viviendas con capacidad para siete adultos de las que dispone para este servicio, según afirmó ayer en el pleno el teniente de alcalde Xavier Rodamilans. Aseguró también que han atendido todas las emergencias derivando a las personas afectadas a un centro autorizado por la Generalitat y añadió que el consell comarcal les ha pedido también atender a mujeres de la comarca. En esos pisos, el ayuntamiento no ofrece atención de urgencia durante las noches y los fines de semana, servicio para el cual ha optado por la externalización. En este sentido, la licitación de la reserva de cuatro plazas en un establecimiento social para alojamiento de emergencia las 24 horas de mujeres y sus hijos en situación de violencia machista, con el apoyo del gobierno del PSC y la edil de Units per Avançar, y de PDeCAT, Cs y PP. En cambio, votaron en contra Crida y ERC, que pidieron dejar el expediente sobre las mesa hasta efectuar la audiencia pública sobre el modelo de atención a estas mujeres que reclama el colectivo Dones Lleida. El Comú se abstuvo y dijo que velará por que esta sea la “última vez que se externaliza un servicio tan sensible”.

Rodamilans defendió que un servicio externalizado sigue siendo público, Cristina Simó (PDeCAT) indicó que estarán “atentos” para garantizar su eficiencia, Daniel Rubio (Cs) y Dolors López (PP) ven irrelevante debatir entre un modelo público y privado, y destacaron que el gobierno ha modificado el pliego de condiciones para aumentar el peso de los requisitos técnicos sobre los económicos. Núria Marín (ERC), Francesc Gabarrell (Crida) y Sergi Talamonte (Comú) lamentaron que se “empeñen” en repetir una externalización que “fracasó” cundo el servicio estaba gestionando por Dona Samaritana.

Más de 250 informes de servicios sociales para paralizar desahucios

La Paeria aprobó ayer una moción de la Crida por la que se compromete a “garantizar, en coordinación con la Generalitat, que ninguna familia en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales municipales pueda ser desahuciada sin disponer de una alternativa habitacional”. “Los desahucios son un problema social que no admite demora”, indicó Pau Juvillà, de la Crida. La moción prosperó por unanimidad, excepto la abstención de Cs en dos puntos que detallan que en esos casos el ayuntamiento “suspenderá” los desahucios y pedirá a la Generalitat que también lo haga, con el argumento de que ya se hace de este modo y calificó la moción de demagógica. La teniente de alcalde Montse Mínguez afirmó que en 2017 los servicios sociales municipales emitieron 113 informes para paralizar desahucios y 141 en 2018, y subrayó que “la Empresa Municipal de Urbanismo no desahucia a nadie que no pueda pagar por estar en situación de vulnerabilidad, solo por abusar del sistema”. En este sentido, de los casi 500 pisos que gestiona la EMU solo hay cuatro procesos de desahucio en marcha y ninguno de ellos afecta a personas vulnerables. La presidenta del grupo municipal de Cs, Ángeles Ribes, detalló que uno afecta a una empresa que debe 20.000 euros de alquiler, otro a una persona que tiene dos viviendas en propiedad mientras que la que le adjudicaron de la EMU la realquilaba a un tercero, otro a un inquilino de un alquiler social de 175,80 euros con ingresos acreditados y un impago de 53 mensualidades y el cuarto, a otra persona con un alquiler social de 42,60 euros y una deuda de 31 mensualidades, también con ingresos acreditados. Mínguez remarcó que para el gobierno de la Paeria las políticas de vivienda son una prioridad y añadió que están a punto de recibir el informe encargado a la Universidad de Lleida sobre las competencias para multar a bancos con pisos vacíos, por ejemplo.