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Las denuncias por delitos sexuales suben en Lleida y ya son una cada dos días

Abogados y entidades feministas califican de “necesaria” la ley del 'solo sí es sí'

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

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Las denuncias por delitos sexuales han aumentado un 14% entre enero y septiembre de este año en las comarcas leridanas. Los Mossos tienen conocimiento de una media de 17 casos al mes, uno cada dos días. Abogados y entidades defienden la nueva ley del “solo es sí es sí” y piden mirar más allá de la polémica por la reducción de algunas penas.

La ley de Garantía Integral de La Libertad Sexual, conocida como la del “solo sí es sí”, que elimina la distinción entre agresión y abuso y sitúa el consentimiento en el centro, entró en vigor el pasado 7 de octubre. Y lo hizo en un año en el que las denuncias por delitos sexuales se han disparado un 14% en las comarcas leridanas, con 17 casos conocidos al mes. O lo que es lo mismo: uno cada dos días.

¿La causa de este incremento? Los expertos apuntan a una mayor concienciación y más conocimiento de los mecanismos de denuncia y protección. Sin embargo, la cifra oculta sigue siendo elevada, por lo que instan a seguir trabajando en apoyo a las víctimas y, sobre todo, en la prevención, poniendo el foco en la necesidad de una plena igualdad. Según los datos de los Mossos d’Esquadra, entre enero y septiembre de este año se han presentado un total de 157 denuncias por delitos sexuales en las comarcas leridanas.

Son un 14% más que en el mismo periodo de 2021 y un 51% más respecto a 2020, un año marcado por la pandemia que hizo bajar las denuncias en todos los delitos. Si se compara con antes de la Covid, los casos conocidos de violencia sexual en la provincia de Lleida han aumentado un 10,5% respecto a 2019. Por tipo de delito, un 35% fueron agresiones sexuales, con un total de 55 casos conocidos en los nueve primeros meses de este año.

Otras 92 denuncias fueron por abusos, así como nueve por exhibicionismo y provocación sexual y una, por acoso. Desde 2019, se han denunciado cerca de 700 delitos contra la libertad sexual tanto en Ponent como en el Pirineo, y en tres de cada diez se usó la violencia y la intimidación contra la víctima. Desde la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí”, la polémica se ha centrado en los diferentes recursos presentados por agresores ante los tribunales para poder rebajar sus condenas.

Ante la Audiencia de Lleida se han presentado dos, como avanzó este diario. No obstante, abogados y entidades feministas defienden como “necesaria” la reforma para aumentar la protección de las víctimas y apostar por la prevención, llamando a mirar más allá de la posible reducción de algunas penas, centrándose en la reparación más que en la represión penal. Al respecto, Mireia Pardell, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Lleida, señala que las revisiones de sentencias en las que se han reducido las penas a condenados por delitos sexuales o, incluso, se han eliminado, se debe a tres razones.

La primera, indica, es porque buena parte de los delitos contemplan penas inferiores para los mismos hechos, en algunos casos la pena mínima es menor y en otras, se reduce el límite máximo. La segunda razón la sitúa Pardell en la Constitución, que contempla la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo, aunque haya sentencia firme. La tercera y, “quizá la más controvertida”, afirma, es que la ley no recoge un régimen transitorio que impida o limite sus efectos en el tiempo.

De momento, el Tribunal Supremo ya ha avalado la retroactividad del “solo sí es sí” en el “caso Arandina”, donde pone de relieve que con la regulación anterior, las penas hubieran sido superiores. Con todo, Pardell afirma que “debemos estar a la espera de criterios unitarios a nivel judicial, analizando caso por caso y no de forma global”. Sin embargo, defiende la necesidad de la reforma al considerar que para luchar contra las violencias sexuales hace falta formación y sensibilización desde la adolescencia y también por parte de todos los agentes que intervienen ante un caso de violencia sexual.

“Las víctimas deben sentirse acompañadas y no defraudadas por el sistema. De ahí la importancia de que la nueva ley no solo se quede en el papel, sino que acabe siendo una realidad”, concluye.

Las asociaciones feministas de Lleida respaldan la nueva ley del ‘solo sí es sí’ , que consideran un gran avance en la lucha a favor de los derechos de las mujeres. “Por primera vez equipara a las supervivientes de violencia sexual a las supervivientes de violencia machista.

Cosa que la ley catalana 17/2020 ya había hecho, ambas a raíz del convenio de Estambul de 2011. Hemos tardado una década en incorporar los 4 conceptos de reconocimiento, responsabilidad, reparación y garantías de no repetición”, señalan desde el Grup de Dones Lleida, que destaca que “si la ley hoy existe es gracias al feminismo y las olas de indignación sexual”. En esta misma línea, desde Marea Lila destacan el progreso de una ley integral que “por primera vez tiene en cuenta términos como el deseo sexual o el consentimiento”.

En cuanto a la polémica que ha generado la revisión a la baja de algunas condenas a agresores, Dones Lleida destaca que la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual “indiscutiblemente tiene que venir con una graduación de penas, desde unas mínimas a unas máximas que no se han rebajado. Que ahora unos abusadores que fueron condenados a penas mínimas puedan pedir la revisión es fruto de la aplicación del derecho de defensa con la retroactividad de la ley penal más favorable, un efecto indeseado que la judicatura puede limitar si aplica la proporcionalidad y el espíritu de la ley que busca la protección de la víctima”. En este sentido, ambas agrupaciones coinciden en que, aunque la polémica ha puesto el foco en el castigo penal, la ley actúa en el ámbito laboral, educativo, social, sanitario e institucional.

En su opinión, “la sociedad debería avanzar hacia un ideal de justicia feminista que se base en la reparación, la transformación y la atención a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, más allá del castigo”. Precisamente, sobre la atención a las víctimas señalan que “la ley las posiciona en el centro del proceso y ahora dependerá de la aplicación práctica que todos los operadores hagamos al respecto. También dependerá del presupuesto que se destine a hacerlo posible, que todavía está por ver”.

Destacan que en Lleida “los servicios especializados están bajo mínimos, con mucha voluntariedad de las técnicas pero con recursos de subsistencia. Sigue sin existir un centro público de acogida municipal con cara y ojos que aborde todas las violencias machistas. Y toda la sociedad leridana nos tenemos que implicar, todas sufrimos violencia sexual en algún momento en mayor o menor medida y es cosa de todos impedirlo”.

Las estadísticas siguen revelando un aumento de los delitos sexuales, cosa que desde Marea Lila atribuyen a dos factores. “Por un lado, hay una mayor concienciación sobre qué son las violencias sexuales. El hecho de que ahora le ponemos nombre a los diferentes tipos de violencia ayuda a identificarlos, cosa que se traduce en más denuncias.

Por el otro lado, sigue habiendo una legitimación de la violencia”. Por su parte, Dones Lleida dice que “el terror sexual no cesará mientras haya un sistema desigual gobernado por hombres blancos cisgénero que copan los máximos espacios de decisión, los mejores salarios, los oficios tecnológicos, los deportes, más tiempo libre y menos tiempo de responsabilidad en los cuidados. Todo indica a los hombres que ejercen violencia que tienen una posición de superioridad que es real, no es una percepción, y que permite la cosificación de las mujeres como objetos sexuales a su servicio. Sumado al efecto expansivo de las redes, vivimos en una escuela permanente de conductas violentas hacia la mujer”.

EN PRIMERA PERSONA

Maria Alloza, portavoz de Marea Lila

“Cuando tenía diecinueve años mi pareja me maltrataba física y psicológicamente. Todos los días eran peleas, amenazas, acoso y mucho control, hasta aislarme completamente de mi círculo social. A los veintidós, mi madre lo denunció y el juez le impuso una orden de alejamiento. En aquel momento yo estaba muy apegada psicológicamente a él y no quise utilizar los recursos de ayuda que me ofrecieron porque no me contemplaba a mí misma como una víctima. Por aquel entonces las campañas contra la violencia machista se centraban en mujeres más mayores que llevaban mucho tiempo casadas y yo no me sentía para nada identificada con aquel estereotipo social de víctima. Cuando me fui a estudiar fuera y puse tierra de por medio fue cuando realmente volví a ser yo y tomé consciencia de todo por lo que había pasado. Desde entonces creo que la atención a las víctimas ha cambiado a mejor y hay más sensibilización. Todas sabemos que en algún momento podemos sufrir violencia y sabemos dónde podemos acudir. Aun así, creo que todavía se pone el foco en el agresor, en vez de en las medidas de reparación hacia las mujeres”.

ENTREVISTA

Esther Sancho, abogada y portavoz de Dones Lleida

¿Qué cree que ha fallado hasta ahora en las políticas de igualdad? Que se ha abordado como si el problema lo tuviéramos las mujeres, convertidas en usuarias de servicios institucionales que han venido haciendo políticas de pedazos, en vez de encarar el problema estructural, reconocer la desigualdad y erradicarla con medidas como la paridad obligatoria. No podemos ir tirando todavía de concienciación y recomendaciones que dependan de la buena voluntad.

¿Qué medidas propone para erradicar la violencia contra las mujeres? La respuesta patriarcal a las violencias viene a ser más violencia: control, seguridad, prisión y las mujeres en casa o tuteladas por otros hombres que ejercen el rol de protectores. Aunque se haga desde el afecto, siguen siendo dos caras de la misma moneda. Queremos deambular libremente por las calles, disfrutar de nuestros cuerpos, ejercer los derechos civiles, compartir espacios de decisión y de poder, socializar los cuidados, cruzar fronteras, y todo sin pedir permiso ni perdón. Eso es lo que acabaría con la violencia machista.

Mireia Pardell, colegio abogacía de Lleida

¿Qué le parece la nueva ley contra la violencia sexual? Es una ley amplia y garantista, que no debe focalizarse solo en la reforma del Código Penal porque va más allá. Quiere garantizar la prevención de las violencias sexuales, reforzar los derechos de las víctimas, evitar su revictimización y dotar con más recursos la reparación y recuperación de estas.

¿Era necesaria? Sí, porque no debemos esperar a que se incremente la comisión de ciertos delitos o la existencia de la alarma social para legislar o modificar leyes.

¿Qué opina de la eliminación del delito de abuso? Era necesario. No cabe la distinción entre abuso y agresión, porque cualquier acto que coarte la libertad sexual de una persona es una agresión.

¿Se debe mejorar el trato a las víctimas de este tipo de delitos? En muchas ocasiones se sienten revictimizadas por lo que conlleva la denuncia, el proceso judicial y posterior ejecución. Por ello, todos los agentes que formamos parte del entorno de la víctima debemos aunar esfuerzos para que se sientan acompañadas, fuertes y seguras para seguir hacia delante.

Lucía Jiménez, Presidenta Audiència de Lleida

Hay polémica con las revisiones de sentencias. ¿Qué postura tiene al respecto? Revisaremos como hemos tenido que hacer con otros delitos. Lo que sí está claro es que no se aplicará de forma automática sino que se debe estudiar caso a caso y analizar qué margen penológico hay. La Audiencia es un órgano colegiado. Pienso que habrá pocos casos en Lleida.

¿Les incomodan las declaraciones de los políticos? Nosotros somos jueces, no políticos. No podemos estar pendientes de sus declaraciones, sino que debemos estar pendientes de las leyes y de aplicarlas como es debido. Hace unos meses puso de manifiesto el elevado porcentaje de juicios por delitos sexuales.

¿Actualmente continúa siendo así? Sí. Alrededor de un setenta por ciento de los juicios son por delitos sexuales.

¿A qué atribuye este aumento que se ha registrado en los últimos años? Posiblemente porque hay más denuncias. Pero hay otros factores como la importante labor policial que hay detrás, aunque hay todavía cifras negras. Son juicios complicados respecto a otro tipo de delitos porque, en la mayoría de ocasiones, es la palabra de la denunciante contra la del acusado. Son temas muy graves y delicados y debemos analizarlo al detalle.

¿Son importantes las aportaciones de psicólogos y forenses? Es una herramienta más que nos puede ayudar, pero es el tribunal el que debe valorar la credibilidad o no del relato.

Cuando una víctima aparece en la sala siempre intenta tranquilizarla. Debemos mostrar sensibilidad hacia las víctimas, para las que no es nada agradable explicar lo que les ha pasado ante unas personas a las que no conoce.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.

Diputados del PP protestando durante la intervención de la ministra Irene Montero en el Congreso.JORDI ECHEVARRIA

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