UGT y CCOO exigen a los partidos no jugar con los derechos ciudadanos

El nuevo decreto ómnibus del Gobierno central tiene garantizado su respaldo en el Congreso con el voto tanto de Junts como del PP. Pero los sindicatos UGT y CCOO mantuvieron ayer sus movilizaciones para exigir a los partidos que “no pueden jugar con los derechos de los ciudadanos” y que “en política no todo vale y no se puede crear alarma social e innecesaria con temas capitales como las pensiones”. Así lo afirmaron los líderes de CCOO, Cristina Rodríguez, y de UGT, José Luis Aguilá, en la movilización que capitanearon a mediodía ante la subdelegación del Gobierno en la ciudad de Lleida. Una vez que están garantizadas tanto la revalorización de las pensiones, como las ayudas al transporte público o las medidas contra los desahucios de personas vulnerables, ambos advirtieron que los partidos tienen sobre la mesa otra medida especialmente sensible para los trabajadores y que reclamaron que recabe el apoyo necesario en el Congreso: la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Se trata de una medida que ha sido consensuada por el ministerio de Trabajo con las dos organizaciones sindicales y que no cuenta con el aval de la CEOE ni asegurados los votos necesarios cuando pase a las Cortes. De momento, está previsto que el Gobierno de Pedro Sánchez la apruebe mañana en el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria. Los sindicatos recordaron que la subida del salario mínimo interprofesional que han pactado con Trabajo, de 50 euros mensuales hasta llegar a los 1.184, no necesita ningún trámite adicional. En este punto, exigieron que quede exento de tributación por IRPF.

En parecidos términos se expresaron los líderes sindicales en las concentraciones y manifestaciones tanto en las ciudades catalanas como del resto del Estado. En algunas de ellas también participaron dirigentes políticos. Por ejemplo, en Barcelona, el líder de ERC, Oriol Junqueras, emplazó al “mundo de la empresa y del trabajo” a trabajar conjuntamente para conseguir una economía más próspera para redistribuir entre los ciudadanos la riqueza que genere, ante la posibilidad de que se apruebe una reducción de la jornada laboral.