Un tribunal de 24 árbitros resuelve conflictos fuera de los juzgados

Un tribunal de 24 abogados y profesores universitarios leridanos promueve que ciudadanos y empresas resuelvan sus conflictos mediante un arbitraje pactado, sin la necesidad de acudir a los juzgados, con el objetivo de descongestionarlos. Forman parte del Tribunal Arbitral de Lleida (TALL), una institución sin ánimo de lucro del Colegio de la Abogacía y la Cámara de Comercio de Lleida. El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, asistió ayer a su presentación en Lleida y aseguró que “todo lo que nos ahorremos resolver en los tribunales y podamos solucionar con seguridad y eficiencia en otros ámbitos es bienvenido”, ya que “judicializarlo todo colapsa la justicia y dilata los plazos, y una justicia lenta es menos justa”, afirmó.

El presidente del tribunal, Julio Olano, dijo que su principal ventaja es la “rapidez” en la resolución de los casos, con plazos de 3 meses para los conflictos de menos de 50.000 euros y de 6 meses por el resto. Añadió que “anticipamos el conocimiento de los costes y el tribunal ofrece seguridad porque las resoluciones (laudos arbitrales) se pueden ejecutar forzosamente” si se incumplen, como las sentencias. También destacó su “simplicidad y comodidad”, ya que todos los procedimientos se pueden tramitar por internet.

El TALL, que actualmente tiene seis procesos en marcha, sirve principalmente para resolver controversias económicas relacionadas con la contratación, propiedad o competencia, pero también tiene competencias en familia y sucesiones, seguros, arrendamientos y en los derechos deportivos y de edificación, entre otros. Por contra, no administra causas penales o las sociales más graves. Tampoco los conflictos relacionados con los transportes, consumo y cultivos, que tienen sus propios mecanismos extrajudiciales.

Espadaler celebró la puesta en marcha del tribunal, que se constituyó formalmente el pasado julio aunque se gestó varios años atrás, y aseguró que “esta forma de resolver conflictos se instala en la modernidad de la nueva ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”. Explicó que la saturación de los tribunales “en Lleida probablemente se sufre más en el ámbito de lo social” y alertó de una “falta evidente de jueces” en Catalunya. Al respecto, el conseller recordó el reciente acuerdo con el Gobierno central para incorporar a más de 60 efectivos durante la legislatura “en las diferentes jurisdicciones y territorios”, añadió.

La decana del Colegio de la Abogacía, Antònia Martí, defendió el tribunal como un “mecanismo ágil, flexible y especializado” y el presidente de la Cámara, Jaume Saltó, aseguró que el sistema es “clave para el buen funcionamiento de las relaciones comerciales”.