EXTRANJERÍA
Un cambio de normas deja en un limbo legal a cientos de extranjeros en Lleida
El tiempo de espera tras pedir asilo queda fuera del cómputo para pedir la residencia

Andrés S. L., uno de los afectados por la eliminación del tiempo de espera de asilo, en Lleida. - PAU PASCUAL PRAT
Más de 2.000 extranjeros que han pedido asilo en Lleida en los dos últimos años, la gran mayoría latinoamericanos, se encuentran en un limbo legal después de que el pasado 20 de mayo entrara en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, que impide computar como estancia para pedir ‘papeles’ por arraigo el tiempo de la tramitación.
Cientos de ciudadanos de origen extranjero que en los últimos años han pedido asilo político en Lleida se encuentran ahora, como consecuencia de la reforma del Reglamento de Extranjería, en una situación de limbo legal que va a impedirles en la mayoría de los casos beneficiarse de la reducción de tres a dos años del periodo de estancia en territorio del Estado necesaria para obtener los papeles de residencia por arraigo.
En esa situación se encuentran la mayoría de los más de 2.700 extranjeros, latinoamericanos más de dos tercios de ellos, que en los últimos cuatro años han pedido en Lleida el asilo por motivos de persecución en su país de origen y que han visto denegada esa solicitud o que siguen esperando respuesta.
En ninguno de los dos casos pueden incluir el tiempo transcurrido desde la manifestación de la voluntad de pedir asilo, o entre ese acto administrativo y la fecha en la que les fue notificada la denegación, en el tiempo que han permanecido en territorio del Estado español. Se trata de una de las principales novedades incluidas en el reglamento, cuya reforma entró en vigor el día 20, que ha sido objeto de crítica por entidades como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas o Red Acoge.
En Lleida presentaron solicitudes de asilo entre 2021 y 2024 un total de 7.260 ciudadanos de origen extranjero: 194 el primer año, 414 el segundo, 952 el tercero y 1.200 el pasado, con los procedentes de tres países con intensas crisis económicas y políticas como Venezuela, Colombia y Perú, por este orden, como los más numerosos con un 69% del total en los tres primeros ejercicios (no hay datos desglosados del último).
La mayoría de esas peticiones, cuyo plazo de tramitación no suele bajar de dos años, no han sido resueltas o han sido denegadas, con lo que esos meses se pierden a efectos de sumar tiempo de estancia. Y, paralelamente, otro bloque de solicitantes se encuentra en una situación similar tras haber “desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería”.
“Hay aspectos relevantes que no se han tenido en cuenta y que suponen un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes, denuncian esas entidades, que remarcan que “decenas de miles de personas”, cientos de ellas en Lleida, “deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo”.
No obstante, en algunos casos disponen de una bola extra en la disposición transitoria quinta del reglamento, que permite optar a una “autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de arraigo siempre que hayan permanecido en territorio español en situación irregular al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de esta autorización”.
En 2022 y 2023 se presentaron en Lleida 2.199 peticiones de protección internacional temporal, la mayoría (2.145) de ciudadanos de origen ucraniano. Este tipo de solicitudes no se incluye entre las de asilo que han dado lugar a ese limbo jurídico para más de 2.000 extranjeros.
“Es angustiante, nunca he llorado tanto como en este proceso”
“La experiencia de un migrante depende de lo que traiga en la cabeza. Migrar activa una montaña rusa de sentimientos y de emociones”, explica Andrés S.L., un bogotano de 37 años que llegó hace algo más de tres a Barcelona con su mujer, Tatiana, y la hija de ambos, entonces de tres. “Buscamos una vida mejor para nuestra hija, y vinimos con lo que teníamos, que no era mucho”, narra. Ahora viven en Lleida. Entonces escapaban de la violencia y cayeron en la indefensión.
Ahí comenzó un carrusel de cambios de casa, de infravivienda, de habitaciones con nueve camas y de moradas sin puerta; y “un sinnúmero” de estafas, una tras otra: para pedir papeles, para tener un turno en Extranjería (se lo facilitaron en Málaga para pedir el asilo), para más y más pasos. “Le hemos dado prioridad a sobrevivir”, anota, aunque “el crecimiento humano ha sido muy satisfactorio”. Y destaca cómo “la vivienda y el trabajo son los dos temas más importantes con los que se enfrenta un migrante”. A la segunda llegaron con el acompaamiento de Cáritas tras agotar sus recursos. Para la primera, Tatiana mantiene vivo con un recurso judicial contra la denegación del asilo el permiso de empleo asociado, lo que le permite trabajar en una central frutera. Andrés, a quien se le fueron veinte meses de estancia al limbo al notificarle la desestimación definitiva por el BOE en noviembre, espera emplearse por la vía excepcional de llevar más de seis años en el Estado y tener una oferta de empleo. Es diseñador de ropa y tiene el A-3 de catalán. “Quiero aprender y adaptarme a las costumbres”, remarca. “No tengo conciencia de haber llorado nunca tanto como en este proceso. Es angustiante”, añade.