Les denuncias por ocupaciones de viviendas crecen en dos comarcas leridanas

El 80% de las denuncias a Mossos d'Esquadra y policías locales por ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondo de inversión, tal como explica la subjefa ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, a la ACN. La número 2 del cuerpo ha admitido que cuando el propietario es de este perfil, hay "cierta dificultad" para localizarlo y para que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen. Según ella, las ocupaciones han bajado en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año con respecto al año pasado, pero los intentos frustrados crecen por "la acción policial" y porque los propietarios "cada vez son más conscientes". Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde crecieron más las denuncias en 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciadas –sumando las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– llegaron a las 6.257 el año pasado en el país, una media de 17 cada día. Se trataba de un incremento del 8% con respecto al 2023, y de la cifra más alta desde 2020, cuando se contabilizaron 6.458. Este año, entre enero y octubre, Mossos d'Esquadra y las policías locales del país han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, cosa que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo de 2024. En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos que han decidido ir directamente al juzgado o los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas –de ocupar pisos vacíos– y los intentos de allanamientos de morada –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales de que reflejan los datos para englobar el fenómeno de los ocupaciones, han ido al alza.

Las denuncias por ocupación de viviendas suben en dos comarcas leridanas

Los datos oficiales obtenidos, todavía sin un periodo significativo del 2025, muestran un aumento de los ocupaciones entre el 2023 y el 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el crecimiento porcentual mayor, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con más incidencia, después del Barcelonès, que sumaba 1.467 el año pasado (-4,2% con respecto a 2023).

En la demarcación de Lleida, las denuncias por ocupaciones se dispararon en el Pla d'Urgell y el Segrià, un 87,5% y 32,1%, respectivamente. En el caso del Pla d'Urgell en 2024 se registraron 15 denuncias y en el Segrià, 111. Por el contrario, las ocupaciones se redujeron porcentualmente en la Noguera (-26,7%), Les Garrigues (29,4%), el Urgell (5,6%), la Segarra (-77,8%) y el Alt Urgell (-66,7%). En las comarcas del Solsonès, los Pallars, el Alta Ribagorça y la Val d'Aran se mantuvieron (en el caso de la Val d'Aran no se registró ninguna denuncia por ocupación, como en el año anterior).

Con respecto a las capitales catalanas, Girona es la que tiene una mayor ratio de denuncias por ocupaciones, con 21,7 por cada 10.000 habitantes. La siguen, de lejos, Tarragona, con una ratio de 7,1 y Lleida, con 6,5. La tasa en Barcelona fue sensiblemente más baja, del 4,8. En la ciudad de Lleida, en 2024 se registraron 94 denuncias por ocupaciones de viviendas.

Encontrar al propietario e instarlo a denunciar no siempre es fácil

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumadas son, por una parte, la actuación policial, pero también "la sensibilidad de los vecinos", que permite una acción más rápida de los cuerpos de seguridad sin tener que esperar un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la concienciación de los propietarios porque "ponen más medidas físicas de protección".

Por otra parte, cree que también ha ayudado la ley a 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de problemas de desórdenes públicos o de actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que "desatiende su obligación" de actuar, la comunidad de vecinos o el ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo. La legislación incluso prevé sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación, y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

De hecho, la mayoría de las ocupaciones son de pisos vacíos de grandes propietarios, cosa que añade complejidad porque primero se lo tiene que "encontrar" e instarlo a que denuncie, un paso esencial. "Nos habíamos encontrado con que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor que era el propietario", ha expresado a la ACN, añadiendo que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no sea "financieramente interesante" para ellos.