TRANSPORTE
El Congreso aprueba que Renfe indemnice retrasos desde 15 minutos
Dentro de la ley de Movilidad Sostenible, al unirse PP, Vox, ERC, Junts y Podemos

Un tren de alta velocidad en la estación de Lleida.
El pleno del Congreso aprobó ayer algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio. Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces) y el 50% con demoras de más de 60 minutos (cuando antes era de 15 minutos). El PP obtuvo el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos.
Últimamente proliferan las incidencias que provocan retrasos en los trenes de alta velocidad, pero al haberse eliminado el compromiso de puntualidad vigente desde el inicio de este servicio los viajeros perjudicados en muchas ocasiones no podían reclamar la devolución de parte del importe del billete al no llegar los retrasos a la hora. Este cambio generó numerosas quejas de los usuarios de este transporte.
Asimismo, el Congreso avaló la enmienda que introdujo el PP en el Senado para garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos y la que incluye la elaboración de un plan nacional de descarbonización del transporte marítimo, así como eliminar la disposición que, a iniciativa de ERC, instaba a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales de los vehículos. En cambio, otras enmiendas del PP no consiguieron votos suficientes, como la de congelar las tasas aeroportuarias que cobra Aena a las aerolíneas.
La ley de Movilidad Sostenible, que quedó aprobada definitivamente, responde a un compromiso del Estado con la Comisión Europea para la llegada a España de 10.000 millones de fondos europeos. Busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.