Orden de clausura de infraviviendas en la partida Les Canals de Lleida que llegaron a acoger a 100 personas

El ayuntamiento ha ordenado la clausura y el desalojo de varias infraviviendas ubicadas en la partida de Les Canals, cerca de la carretera Ll-11 y el polígono del mismo nombre, que se alquilaban y en las que han llegado a pernoctar entre 80 y 100 personas. Estos habitáculos estaban en contenedores, trasteros y almacenes que habían sido subdivididos y se encontraban en condiciones muy precarias, al no disponer de ventilación, tenían una instalación eléctrica y térmica insegura y humedades graves, así como una importante acumulación de chatarra y basura. 

La orden de desalojo llega después un año y medio después de que el consistorio detectara estas infraviviendas. Tras revisar todas las construcciones, determinó que solo dos de ellas son habitables y el resto no pueden ser legalizadas. Una circunstancia que justifica jurídicamente que el ayuntamiento haya ordenado su clausura “para proteger la integridad física de las personas que residían” tras constatar que esas construcciones eran “un peligro inminente para la salud pública”. En caso de que sus propietarios no lleven a cabo el cierre, el consistorio prevé actuar subsidiariamente y solicitar autorización judicial para clausurar las infraviviendas.

El presidente de la asociación de vecinos de la partida de Les Canals, Josep Girón, señaló que “teníamos conocimiento de estas construcciones desde hace al menos un par de años, en 2024 estaban llenos de gente y llegaron a ser hasta un centenar”. Detalló que, por lo que sabían, “la mayoría de las personas que estaban allí trabajaban en la campaña de la fruta”, que estas infraviviendas solo se utilizaban durante ese período “y el resto del año solo vive gente en las que sí están legalizadas”. Añadió que en esas parcelas “montaban espacios para vivir en cualquier sitio, desde garajes, trasteros hasta contenedores de transporte en los que se llegaban a meter diez personas”.

La teniente de alcalde de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, señaló que “las inspecciones han revelado una situación inaceptable de infravivienda, no se puede permitir que espacios insalubres y sin garantía de seguridad se destinen a usos residenciales”. Añadió que en Lleida “no hay espacio para prácticas especulativas que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente”. A su vez, el teniente de alcalde de Acción Social, Carlos Enjuanes, dijo que los servicios sociales se han coordinado con los equipos de urbanismo y la Guardia Urbana para atender a las personas afectadas y que “activaremos los protocolos para garantizar un acompañamiento según su situación”. Por su parte, la teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, detalló que han seguido varios meses esta situación documentando las irregularidades de las infraviviendas y que la Urbana “ha actuado con rigor y contundencia en una situación que era un riesgo evidente para las personas”.