El Síndic de Greuges abre una actuación de oficio por una posible discriminación territorial a pacientes de ictus en Catalunya
Avisa de que los hospitales de Lleida y Tarragona no dan las mismas opciones de tratamiento que los de Barcelona y Girona

Foto de archivo de la puerta de acceso a la unidad de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova. - SEGRE
El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio por una posible discriminación territorial en la atención que reciben los pacientes de ictus en Catalunya. En concreto, la defensoría ha argumentado que la cobertura de la trombectomía mecánica en estos enfermos no es homogénea en todo el territorio. Ha asegurado que los hospitales de Barcelona y Girona ofrecen esta terapia las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras que los de Lleida y Tarragona sólo la proporcionan en horarios limitados y nunca durante el fin de semana. Esta técnica es una de las más efectivas para reducir las secuelas de personas que han sufrido esta patología.
Según la sindicatura, este desequilibrio territorial obliga a muchos pacientes de ictus a tratarse en Barcelona, con el posible retraso asistencial que este hecho compuerta. En este sentido, la defensoría ha recordado que "la evidencia científica ha demostrado que el retraso en el inicio del tratamiento de ictus reduce significativamente las posibilidades de recuperación".
En esta línea, ha avisado de que el ictus es la segunda causa de muerte en Catalunya y la primera de discapacidad permanente en adultos: "La rapidez en la atención es un factor determinante para la conservación de la autonomía del paciente e insistimos en que la trombectomía mecánica es una de las técnicas más eficaces para tratarlo", ha señalado.
Por todo eso, ha pedido información sobre si está previsto prestar este servicio de 24 horas en Lleida y Tarragona, y si hay datos por territorio de las secuelas de los pacientes de ictus. También ha solicitado que se estudie ampliar este servicio en las zonas más extremas del país, como las Terres de l'Ebre. “Hay que asegurar que todas las personas, independientemente del territorio donde viven, tengan acceso a los tratamientos que pueden evitar discapacidades graves o salvar vidas”, ha valorado.