MIGRACONES
La regularización aflora en Lleida una bolsa de ‘sin papeles’ del tamaño de Mollerussa: 15.492
La cifra final de solicitantes duplica el empleo clandestino estimado para la demarcación. Las previsiones iniciales omitían la magnitud del trabajo irregular en los cuidados y parte de las familias

Crespín y Roqué, con los trabajadores mauritanos que han logrado permiso de trabajo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN LLEIDA
¿Se imaginan qué supondría tener viviendo en un limbo jurídico, y a menudo trabajando en la clandestinidad, un volumen de población como el que reside en Mollerussa (15.763 habitantes) o que prácticamente triplicara los vecindarios de Bellpuig (5.510) o de Agramunt (5.653)? Eso ocurría en la demarcación de Lleida hace al menos un año, según ha revelado el proceso extraordinario de regularización de migrantes sin papeles, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyó el martes.
Según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Lleida, el número de peticiones en la demarcación de Ponent ha sido de 15.492, cifra que duplica las previsiones iniciales.
Esa previsión era en realidad una estimación del empleo clandestino de la demarcación, cuyo volumen es la diferencia entre el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social y el de los que declaran haber trabajado según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Ese cálculo apuntaba a una bolsa de cerca de 7.500 extranjeros que se emplean sin tener papeles en Lleida, aunque la cifra aflorada en el proceso de regularización la duplica.
¿Eso se debe a la existencia de un efecto llamada que ha aumentado la llegada de migrantes? Esa tesis carece de sentido cuando uno de los requisitos para acceder a la regularización era el de probar la residencia en territorio del Estado desde antes del 1 de agosto del año pasado. Solo en Lleida ciudad, las peticiones de certificados de empadronamiento se acercaron a las 4.000 al final del proceso.
El aumento se debe a otros dos motivos: la incapacidad de la EPA para detectar la abundante mano de obra irregular del sector de los cuidados y la inclusión en el proceso de regularización de miembros de las familias que, por motivos culturales o de otro tipo, no trabajan.