Correa ofrece “decir toda la verdad” a cambio de su libertad y pide el indulto de Garzón

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ofreció ayer en el juicio “decir toda la verdad” en causas pendientes de corrupción a cambio de su libertad y pidió el indulto de Baltasar Garzón, separado de la judicatura por irregularidades en su investigación.

Francisco Correa fue trasladado ayer desde el centro penitenciario de Valdemoro hasta la sede de la Audiencia Nacional para hacer uso de la última palabra antes de que el juicio por la primera época de la trama ‘Gürtel’ quedara visto para sentencia tras un año, un mes y trece días durante 125 sesiones.

“Quiero hacer un ofrecimiento a la Fiscalía, mi total colaboración absolutamente de ahora en adelante en todas las causas pendientes”, dijo Correa, para quien las fiscales pidieron 125 años de prisión, la mayor pena de los 37 acusados. Entre ellos se encuentran también el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se enfrentan a una petición de 39 años de cárcel cada uno por parte de la Fiscalía.

“No tengo nada que ocultar, me da igual que me echen 200 o 300 años. A veces las cosas no son como parecen y estoy dispuesto a aclararlo, lo que quiero es solucionar este tema y que el país deje de hablar de esto”, recalcó.

Por otro lado, solicitó “como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón porque ha sido injustamente inhabilitado”. “Es una víctima más como yo de una causa que tiene un tinte político y no jurídico”, abundó al respecto Correa.

Defendió que él no creó su entramado de empresas “para trabajar para el PP o para delinquir”, e insistió en que su actividad consistía en una mediación para que otras empresas consiguieran contratos de obra pública.

También llegó a comparar su forma de hacer negocios con la de Florentino Pérez y la gestión del palco del Bernabéu como lugar en el que se pueden hacer acuerdos, y por las giras en el extranjero del Real Madrid, de las que insinuó que le han servido al dueño de ACS para beneficiarse de contratos.

Correa aseguró que “ministros y expresidentes del gobierno de este país trabajan de esta manera en muchos países latinoamericanos y de Oriente Medio”, igual que lo hacen grandes empresas como la de Florentino Pérez, aunque no le citó explícitamente.

En otro orden de cosas, el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, levantó la imputación por un delito de blanqueo al padre del expresidente madrileño Ignacio González Pablo González, de 91 años, al no haberse “constatado” que conociese “el origen criminal de los fondos” investigados en la causa. El magistrado también fijó una fianza de 100.000 euros para la mano derecha de González en los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, por lo que podría salir de prisión.