Rajoy pide al Parlament que cumpla "su misión"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que "lo único que tiene que hacer" el Parlament de Catalunya "y lleva incumpliendo" desde las elecciones del pasado 21 de diciembre es elegir a un presidente de la Generalitat que cumpla la ley.

Rajoy ha respondido así, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro danés, al ser preguntado por la decisión de la Mesa del Parlament de presentar una querella contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por presunta prevaricación.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que los propios letrados del Parlament han expresado sus reticencias sobre la querella, acordada hoy por la mayoría independentista de la Mesa (JxCat y ERC), y ha advertido de que, "si la paga", el Parlament podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos. "No me corresponde hacer análisis jurídicos", ha continuado el presidente del Gobierno, quien ha hecho hincapié en que lo que sí le "corresponde decir" es que "lo único que tiene que hacer hoy el Parlament" y está "incumpliendo" es elegir a un presidente "que esté en condiciones de gobernar y de atender a las intereses generales de los ciudadanos y que cumpla la ley como hace cualquier ciudadano en nuestro país y en las democracias de nuestro entorno".

Respecto a cómo va a contrarrestar el Gobierno el discurso independentista de que España es un Estado represor, Rajoy ha respondido que España es una democracia y un Estado de Derecho en el que hay plena separación de poderes" y que "a nadie se le ocurre, a nadie, salvo que por la vida se conduzca de manera sectaria", hacer esa afirmación. "No merece la pena perder ni un minuto en hablar sobre lo que es nuestro país: es una democracia insertada en Europa, con libertad, con derechos humanos, sometidos todos al imperio de la ley y aquí existe el Estado de derecho. Creo que es una obviedad", ha concluido Rajoy.

Respaldo a la euroorden

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, han expresado hoy su firme respaldo a lo que representa la euroorden al ser un mecanismo "de generación de confianza entre países democráticos".

Rajoy y Rasmussen se han mostrado de acuerdo en este punto en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa para hablar de diversas cuestiones de interés bilateral y europeo. Los dos mandatarios se han referido a este asunto al ser preguntados si la euroorden debe mantenerse como está o ser revisada ante la decisión de un tribunal alemán de rechazar la entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un delito de rebelión, como le acusa el Tribunal Supremo.

"La euroorden en sí misma está considerada un gran avance en el proceso de construcción europea y de generación de confianza entre países que somos democracias y tenemos un sistema de derechos y libertades que no en demasiados sitios del mundo, por desgracia, existen", ha comentado Rajoy. Tras recordar que era ministro del Interior cuando la UE acordó la puesta en marcha de la euroorden, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de enero de 2004, ha subrayado que es, "sin duda, una demostración de confianza de todos los países de la UE" y representó un avance a pesar de lo compleja que fue la negociación. No obstante, ha admitido que "puede haber diferencias concretas en un momento determinado" y que, "al final, las decisiones las toman seres humanos".

Al referirse al caso de Alemania, ha recordado que todavía "no hay decisión definitiva ninguna" y que las Fiscalías española y alemana están en conversaciones. "Démosle tiempo al tiempo y veremos como se producen los acontecimientos en el futuro", ha aconsejado el jefe del Gobierno.

Rasmussen ha asegurado estar "totalmente de acuerdo" con Rajoy en relación con el sistema de la euroorden, que sustituyó al procedimiento de extradición con un método ágil de entrega.

En relación con la crisis política de Catalunya, el primer ministro danés ha reiterado la postura ya conocida de su Gobierno de que es "una cuestión española interna que debe tratarse dentro del marco constitucional español".