Anna Gabriel regresa de Suiza y se pone a disposición del Supremo

La exdiputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, compareció ayer por sorpresa y de manera voluntaria ante el tribunal Supremo después de estar viviendo en Suiza desde febrero de 2018 para regularizar su situación judicial en España. Gabriel, que acudió al Alto Tribunal acompañada de su nuevo abogado, Iñigo Iruin, el mismo que defiende a la exconsellera de ERC Meritxell Serret, compareció ante el juez instructor, Pablo Llarena, que decretó su libertad provisional con la obligación de comparecer en el Supremo cuantas veces sea llamada y de designar un domicilio y teléfono donde ser localizada. La exdirigente cupaire fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia por su participación en el procés en 2017 y no existía contra ella ninguna orden internacional o europea de detención dado que el delito no lleva aparejada pena de prisión, sino de inhabilitación y multa.

Llarena sí dictó contra ella una orden estatal de búsqueda y detención con el fin de que fuese puesta a disposición del Supremo para tomarle declaración. Tras su comparecencia, el magistrado ha dejado sin efecto dicha orden, así como la declaración de rebeldía que pesaba sobre ella desde julio de 2018.A pesar de su retorno, su intención es continuar viviendo y trabajando, por ahora, en Suiza “en coherencia con una serie de responsabilidades profesionales y personales adquiridas”, según señaló en un comunicado. Desde el pasado noviembre, Gabriel ejerce como secretaria general del sindicato UNIA en Ginebra.

“Después de cuatro años y medio de exilio, hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar una libertad de movimientos que nunca hubiera tenido que perder, ni yo ni nadie”, denunció.Su decisión fue respaldada por todo el independentismo, que, al igual que ella, criticaron que está situación no debería haberse producido jamás. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró que el Executiu no tenía constancia de sus planes pero que le “dará la bienvenida” si decide volver finalmente a Catalunya. Desde Twitter, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, expresó “todo el apoyo y solidaridad” a Gabriel: “Siempre a tu lado ante la represión”.

“En una democracia plena, Anna Gabriel no habría tenido que comparecer nunca en ningún juzgado. Y aún menos pasar unos años lejos de casa”, criticó el expresident Carles Puigdemont. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer expresó su alegría por el hecho de que Gabriel pueda regularizar su situación, aunque “nunca tendría que haber sido imputada”, y aseguró que si finalmente puede regresar es porque se ha podido aclarar que “solo se la acusa de un delito de desobediencia”

Los independentistas celebran la decisión de la exdiputada “cupaire” y cargan contra la “represión”

La CUP da el paso y pide que Borràs se aparte para no desprestigiar al Parlament si le abren juicio

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, admitió ayer las “discrepancias” existentes entre ERC y Junts sobre la mesa de diálogo, a falta de una semana de que se reúna de nuevo–aún sin fecha– en Madrid.

Así lo manifestó tras el Consell Executiu, después de que el congreso de Junts de este fin de semana diera por acabado el espacio de negociación. Según Plaja, desde la Generalitat, no obstante, siguen trabajando en su plan de gobierno y “no hay ningún cambio respecto a esto”, y añadió que, cuando se formó el Ejecutivo catalán, los puntos de partida sobre la mesa de diálogo ya eran diferentes. “Es un Govern independentista, que trabaja por la amnistía y la autodeterminación, y para que Catalunya algún día sea independiente.

Hay discrepancias en algunos puntos, y uno de ellos es la mesa de diálogo”; reconoció. Asimismo, aseguró que si finalmente Junts decide estar presente en la mesa, el Govern está dispuesto a modificar la delegación catalana que asista. En otro orden de cosas, la CUP dio un paso adelante y reclamó a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que se aparte, haciendo uso del artículo 25.2 (suspensión voluntaria), si al final se abre juicio oral contra ella por corrupción, porque entiende que es la vía “menos perjudicial” para la cámara y para el independentismo.

Por su parte, desde Cs anunciaron que denunciarán a Borràs y a la Mesa del Parlament por prevaricación si siguen contabilizando el voto delegado del exconseller Lluís Puig. El Tribunal Constitucional anuló su delegación de voto.

Ordenan repetir el juicio absolutorio contra los síndicos electorales del 1-O

La Audiencia de Barcelona ha ordenado repetir el juicio contra los cinco síndicos electorales del 1-O, tal y como había solicitado la Fiscalía, según avanzó el digital elnacional.cat.

En abril del año pasado, el juzgado penal número 11 de Barcelona dictó una sentencia absolutoria de todos, para los que el Ministerio Público solicitaba dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones públicas. La sentencia no veía probado que los síndicos dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir tras las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional advirtiendo de que no lo hicieran. Fiscalía cree que se produjo un fallo en la apreciación de la prueba insiste en que firmaron resoluciones y dieron órdenes, pese a saber que el TC había suspendido las leyes aprobadas por el Parlament que creaban esta figura.

Entre ellos se encuentran la actual consellera de Igualdad, Tània Verge y el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès. Ambos son aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en el Supremo, respectivamente, lo que podría llevar el nuevo juicio al Alto Tribunal o dividirlo en tres: en el Supremo, en el TSJC y en el juzgado de lo penal.

Madí niega desvío de fondos ante la Fiscalía Europea

El exdirigente de CDC David Madí negó ayer ante la Fiscalía Europea haber desviado fondos provenientes de la UE.

Madí declaró ayer para aclarar la conversación telefónica que tuvo en 2020 con Joan Ferran, un socio de RSM Spain Consultores, poco después de una supuesta reunión con 60 empresarios de Foment del Treball y el exjefe del gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en la que se habló presuntamente del reparto de los fondos Next Generation. La conversación se descubrio durante la operación Voloh.