POLÍTICA CONGRESO
Junts y Sánchez chocan por el Código Penal y Puigdemont
Míriam Nogueras le acusa de “abuso de poder” || El presidente dice que hasta Mas ve al independentismo “peor” que en 2017
Junts y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizaron ayer un nuevo enfrentamiento tras la reforma del Código Penal, que entró en vigor a mediados de enero. La portavoz de los juntistas en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó al jefe del Ejecutivo español de haber llevado a cambio la modificación penal –la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación– con el objetivo premeditado de lograr la extradición del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, y le preguntó si ERC conocía estas supuestas intenciones. También acusó a Sánchez de practicar “abuso de poder” en Catalunya y citó el espionaje con Pegasus a líderes independentistas y la judicialización del procés como casos en los que el Estado ha vulnerado los derechos de la ciudadanía catalana y sus representantes.
El presidente español afirmó que Nogueras “no sabe lo que es abuso de poder” e ironizó sobre la “tensión” entre Junts y ERC. Afeó a la portavoz de Junts que hasta el expresident de la Generalitat Artur Mas considera que el independentismo está ahora “peor” que en 2017 e invitó a los juntistas a “reflexionar” y a dejar la “antipolítica”. Tras remarcar que España es “una democracia plena”, insistió en que ha intentado “construir convivencia en Catalunya” y afirmó que la situación en el territorio “no tiene nada que ver con la de 2017”.
En este sentido, Sánchez acusó a Junts de “echar de menos” la tensión política del procés. También el PP aprovechó para arremeter contra Sánchez por la reforma del Código Penal. Su portavoz en la Cámara, Cuca Gamarra, tildó de “chapuza” la llevada a cabo por el Ejecutivo, que, dijo, “no ha logrado contentar ni siquiera a sus socios independentistas”.
Por otra parte, el Congreso rechazó ayer que la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, situada en la Via Laietana, se convierta en un centro de memoria de la represión franquista gestionado por la Generalitat. PSOE, PP, Vox y Cs votaron en contra de la propuesta, presentada por ERC.