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El Congreso aprueba la ley de amnistía pactada entre PSOE, Junts y ERC con la mirada puesta en el 12-M

El texto obtiene 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Juntos, Bildu, PNV y BNG) y 172 en contra (PP, Vox, UPN y CC)

El pleno del Congreso durante el debate de la amnistíaCongreso de los Diputados

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ACN 

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El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la ley de amnistía en un debate que ha enfrentado de nuevo a los socios de la investidura al PP y Vox. El texto ha quedado aprobado con 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) y 172 en contra (PP, Vox, UPN y CC). Después de cuatro meses de tramitación y al segundo intento, la ley supera así el principal escollo de la en las Corts. Queda todavía el paso del Senado -donde el PP aprovechará los dos meses de que dispone para intentar torpedearla- y la aprobación definitiva de nuevo al Congreso en el mes de mayo. La sesión ha sido marcada por la convocatoria electoral en Cataluña -que ha llevado la Moncloa a no presentar presupuestos del 2024- así como por la ausencia de Pedro Sánchez, criticada por PP y Vox.

La ley ha quedado aprobada después de un periplo de negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts que tuvo el momento más complicado el pasado 30 de enero, cuando Junts giró la aprobación de la norma al pleno porque consideraba que no daba bastante cobertura a los investigados del Tsunami Democrático, CDR y la operación Volhov.

Les tres formaciones encontraron finalmente un acuerdo que permitió aprobar el dictamen de la ley el jueves pasado en el Congreso. Una de las claves fue eliminar las referencias de la ley al Código Penal español como fuente de definición del terrorismo, y dejar sólo la tipificación que hacen los convenios internacionales. La ley diferencia así entre lo que considera como terrorismo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y lo que se entendería que es terrorismo según los convenios.

Junts: "El conflicto sigue existiendo"

Con la convocatoria electoral del 12-M de fondo, todas las formaciones han reivindicado sus posiciones. El diputado de Junts Josep Maria Cervera ha reivindicado que la "firmeza" de su formación ha permitido "avanzar" en el ámbito de aplicación de la ley, y ha advertido que para Junts esta norma "sólo gira" la página de la "represión y la injusticia", sin embargo el conflicto político histórico entre la nación catalana y española sigue existiendo.

ERC: "Seguiremos en el camino de la liberación nacional"

También la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha reivindicado los pasos dados hasta ahora por su formación que han permitido la aprobación de los indultos o la reforma del Código Penal. "Seguiremos en el camino de la liberación nacional, y lo haremos por conductos democráticos, pacíficos, cívicos y dialogados. Es nuestro ADN político, y lo haremos a pesar de todas las oposiciones del Estado, los obstáculos judiciales, policiales o del Tribunal de Cuentas", ha dicho.

Los comunes: "Acaba el camino de la venganza"

La portavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha dicho que con la aprobación de la ley acaba el "camino de la venganza" y empieza el recorrido de los que aman Cataluña y dejan atrás el odio. En este sentido, ha pedido al "bloque democrático" actuar con consecuencia y respeto a pesar del adelanto electoral en Cataluña.

Abascal: "España es una falsa democracia"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este jueves que la ley de amnistía convierte España en una "falsa democracia". Según Abascal, el Congreso ha "humillado" a los españoles validando un acto de corrupción" que implica "una compra de votos y un favor personal". Se trata, ha dicho, de un "ataque evidente a la división de poderes" y un "insulto" a los ciudadanos. "Hoy este Congreso convierte a los políticos en una casta impune".

El PSOE, "convencido" de que el PSC ganará

El portavoz del PSOE, Patxi López, se ha mostrado "convencido" de que el PSC ganará las elecciones catalanas del 12-M después de la aprobación de la ley de amnistía. "El 12 de mayo los catalanes darán respuesta a todo eso y Ustedes ni aparecen en las quinielas", ha asegurado López dirigiéndose a los populares. En cambio, ha añadido, "los socialistas estamos convencidos de que ganaremos las elecciones porque la ciudadanía entenderá lo que hemos hecho en este país". También ha rebatido el argumento que "se está rompiendo España": "A España, lejos de romperla, la estamos uniendo y vertebrando con nuestras políticas".

Feijóo critica el adelanto electoral

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al gobierno español y sus socios de ser "los mayores agentes de inestabilidad política de España y ha criticado el adelanto electoral en Cataluña. Según Feijóo, la amnistía podría ser la última ley importante de la legislatura española. "No piensan ni un segundo a los problemas de los españoles, y en particular, de los catalanes. Sólo defienden intereses personales y actúan con chantajes", ha dicho.

La amnistía y Puigdemont

La aprobación de la ley de amnistía tendrá un efecto directo a las elecciones del 12-M. Por un lado, supone el cumplimiento de uno de los primeros hitos de los acuerdos de investidura cerrados entre el PSOE, ERC y Junts. Por la otra, afecta directamente a la candidatura de Juntos, que espera poder presentar nuevamente a Carles Puigdemont como cabeza de cartel. Si bien en las dos anteriores elecciones (las del 14-F de 2021 y las del 21-D del 2017) el expresidente ya fue candidato, en aquel momento su decisión de quedarse en Bélgica impedía que pudiera ser investido presidente.

Dependiendo de cómo se alarguen los tempos de la amnistía al Senado, dónde irá después de la primera votación hoy en el Congreso, la ley podría ser votada definitivamente en los meses de mayo-junio y entrar en vigor poco después. A partir de aquel momento, los jueces dispondrán de dos meses por aplicar la norma. También será el momento de los recursos a la ley en órganos como el Tribunal Constitucional. Puigdemont ya ha expresado la intención de estar presente en Cataluña durante el próximo debate de investidura, que coincidiría en aquellas fechas dependiendo de cómo se alarguen las negociaciones postelectorales.

Fuentes de Juntos remarcaban este jueves la decisión del mismo Puigdemont de ser a la investidura. Asimismo, recordaban que a pesar de las reservas que puedan tener, los magistrados están obligados a aplicar la ley de amnistía, y no se pueden acoger tampoco a la objeción de conciencia. Por este motivo, esperan que levanten las medidas cautelares y apliquen la ley.

Tramitación ralentizada en el Senado

Los populares quieren convertir el trámite a la cámara alta en una muestra de oposición a la ley. En estos dos meses pueden rechazar el texto o bien introducir modificaciones que lo cambien totalmente, sin embargo, sea cuál sea, su actuación sólo tendrá efecto mientras la amnistía se tramite en el Senado.

De hecho, el PP ya modificó el reglamento de la cámara alta para alcanzar al máximo el plazo de que disponen para tramitar el texto. Aunque en el Congreso ha tenido consideración de urgencia y se ha tramitado en la mitad de los tiempos, en el Senado se tramitará como una ley normal, y por lo tanto la cámara alta dispondrá de dos meses para censurarla.

Los populares también han pedido comparecencias y un informe –no preceptivo- en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que previsiblemente, según consta al texto que prepara el magistrado conservador Wenceslao Olea, concluirá que esta es una ley inconstitucional que no respeta la separación de poderes.

Con todo, las modificaciones que introduzca el Senado sólo tendrán efecto durante estos dos meses de tramitación. Una vez la cámara alta emita la votación final, la norma volverá al Congreso, que es quien decide si acepta los cambios que se ha hecho al Senado, o si aprueba directamente el texto como salió del mismo Congreso.

Aprobación definitiva y entrada en vigor

Eso tendrá lugar previsiblemente en el mes de mayo o principios de junio. Si la ley obtiene los mismos apoyos en esta última votación, quedará definitivamente aprobada y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con todo, la aplicación quedará en manos de los jueces y la ley tendrá que superar otros escollos en forma de recursos y cuestiones prejudiciales.

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