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PP y Vox eliminan la Oficina Anticorrupción en Baleares

Primera comunidad en hacerlo tras aprobar la ley de transparencia de los populares

Los socialistas barajan acudir al Constitucional

La presidenta de les Balears, Marga Prohens, al Parlament balear.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en el Parlament balear. - EFE

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El pleno del Parlament balear aprobó ayer, con los votos de PP y Vox, el cierre de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares en el plazo de seis meses. Con esta medida, se convierte en la primera comunidad autónoma que elimina un organismo de estas características. La clausura de este órgano, creado en 2016 como una iniciativa de Podemos, era un compromiso electoral de los partidos que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que denuncian la supuesta parcialidad de la Oficina. Su clausura está incluida en la llamada ley de transparencia y control de los cargos públicos, impulsada por el PP y que salió adelante con el apoyo de Vox, frente a los votos en contra de los partidos de la oposición.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), la supresión del cargo de director de la Oficina Anticorrupción, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan. Al margen de la eliminación del órgano, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos públicos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación. La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.El diputado del PP balear Mauricio Rovira defendió la iniciativa y se refirió a la Oficina Anticorrupción como “oficina socialista de persecución de la oposición”. Además, aseguró que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo “obligatorias y accesibles”. Los socialistas acusaron al PP de actuar “por venganza” y criticaron que el Govern balear, que encabeza la popular Marga Prohens, se convierta en juez y parte. Además, estudian la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional.

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