JUSTICIA
Ordenan al Gobierno acoger a mil menores migrantes
Solicitantes de asilo que están en Canarias. Ante la situación de “hacinamiento” que se vive en las islas, afirma el Supremo

Canarias tutela a uno 1.200 menores solicitantes de asilo. - EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo requirió ayer al Gobierno para que en un plazo de 10 días se haga cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo acepta la medida cautelar a instancias del Gobierno canario y ordena al Ejecutivo central que “garantice el acceso y permanencia” en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores en el archipiélago que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de hacerlo, valorando que se trata de una medida ·imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en la que se encuentran estos menores·. En el auto también se explica que fue en enero cuando el Gobierno canario recurrió ante el Supremo después de que el Ejecutivo central desestimara en octubre el requerimiento que le había hecho para que, “en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales”, diera acceso al citado sistema a los menores que en ese momento lo habían solicitado y a quienes lo hicieran en un futuro. El Gobierno autonómico cifró en 546 los menores que entre enero de 2023 y noviembre de 2024 habían solicitado asilo, a los que sumó otros 325 que ya habían manifestado su voluntad de hacerlo, un total de 871. No obstante, advirtió de que había otros 350 “pendientes de cita”, lo que elevaría el total a 1.221.
Mientras, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acordó interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la ley de extranjería acordada entre el Ejecutivo central y Junts sobre los criterios de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
Por su parte, la Generalitat de Catalunya ha impulsado una medida para que las familias que acojan un niño o adolescente tutelado puedan beneficiarse de una reducción en el tramo autonómico del IRPF. La deducción será de entre 150 y 300 euros.