El Congreso aprueba el decreto de menores inmigrantes pactado con Junts y el ministerio los quiere trasladar a partir del verano
PP y Vox acusan a la Moncloa de beneficiar a Catalunya y Torres les recuerda que el sistema computa el esfuerzo hecho hasta ahora
Una imágenes de la sesión del Congreso este jueves.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para establecer un sistema de reparto de menores extranjeros no acompañados que están en Ceuta y Canarias. El decreto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo después de un acuerdo con Junts para establecer el nuevo sistema y garantizar los siete votos de la formación de Puigdemont. Durante el debate, PP y Vox han acusado al gobierno español de promover un 'efecto llamada' y de establecer un sistema que beneficia a Catalunya en detrimento del resto de territorios. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recordado que el sistema tiene en cuenta el esfuerzo que han hecho las comunidades hasta ahora. El decreto ha quedado aprobado por 179 votos a favor (todas las formaciones de la mayoría de la investidura), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención (UPN).
Distribución a partir del verano
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a las dos formaciones de la derecha de "racismo", y ha adelantado que el 28 de abril convocará las comunidades autónomas a una conferencia sectorial abordar la distribución. "Nosotros tenemos intención de empezar el traslado y acogida de niños y niñas en otros territorios a partir del verano", ha afirmado, "que sería cuando podremos estar en mejores condiciones", porque "hay que adaptar el sistema" y también ser ágiles.
El acuerdo no sólo supone un sistema para repartir a los 4.400 menores que se encuentran en las Canarias, la voluntad del ejecutivo es que tenga continuidad en el tiempo. Según las estimaciones del gobierno español, con este sistema de reparto Catalunya recibirá cerca de 26 menores, mientras que Madrid superará los 800.
El decreto establece criterios para hacer efectivo el reparto. A la hora de calcular la distribución, el sistema tendrá en cuenta en un 50% la población, 13% renta per cápita, 15% tasa de paro, 6% por el esfuerzo realizado, 10% por la capacidad de plazas, 2% si se trata de una ciudad fronteriza, 2% por insularidad y 2% por dispersión.
Según las estimaciones del gobierno español, Madrid será la comunidad autónoma que recibirá a más menores, 806. La sigue Andalucía, con 796, la Comunidad Valenciana, con 477, y Galicia, con 326. Las que menos menores recibirán serán Catalunya, con 26, Melilla, con 34, Baleares, con 58 y Euskadi, con 87.
El sistema parte de la "capacidad ordinaria" de cada territorio. Las comunidades tenían hasta el 31 de marzo para trasladar al gobierno español las certificaciones de los menores no acompañados que atendieron el año pasado para poder hacer este cálculo. A pesar de las reticencias iniciales de los territorios gobernados por el PP, finalmente todas las comunidades excepto Aragón las remitieron al gobierno español. El ejecutivo español financiará las plazas de cada territorio que excedan esta "capacidad ordinaria" con 100 millones de euros a repartir entre los territorios.
