Fiscalía pide amnistiar a 40 ex altos cargos investigados por el ‘procés’

La Fiscalía de Barcelona ha pedido aplicar la amnistía a una cuarentena de empresarios y altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O y la internacionalización del procés, causas que investigan los juzgados 13 y 18. Entre los procesados se encuentran el exconseller Raül Romeva y altos cargos del momento como Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, la exinterventora Rosa Vidal o Ignasi Genovès, así como los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo.

En un escrito, el Ministerio Público considera que “se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas” de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O deben ser amnistiados dado que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum, por lo que están incluidas en la amnistía. La Fiscalía deja al margen de la amnistía dos gastos concretos que cree que no están vinculados con el procés: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el Diplocat –consorcio públicoprivado que se dedica a proyectar Catalunya en el mundo–, por lo que pide llevar a juicio a los exsecretarios generales de la institución Roser Clavell y Albert Royo, aunque únicamente por esos contratos.

En cuanto al resto de hechos, considera que son todos ellos conductas orientadas a la preparación y celebración del referéndum, incluida la parte de la acción exterior, que considera que tenía el objetivo de hacer visible el proyecto independentista en todo el mundo. Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat. Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consellerias encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral.

Desestimada una demanda de Puigdemont contra Llarena

La Corte de Casación de Bélgica ha desestimado el recurso presentado por el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret, contra el instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La Corte confirma así la decisión inicial de la Justicia belga de rechazar la demanda civil presentada por los líderes independentistas. El recurso buscaba revocar la decisión adoptada en 2020 por el tribunal de primera instancia francófono de Bruselas, que se declaró “no competente” para conocer la demanda civil contra Llarena, al que Puigdemont y sus exconsellers acusaban de falta de imparcialidad, reclamando que fuera condenado a indemnizarles de forma simbólica con un euro. Señalaban en concreto unas declaraciones públicas del magistrado en las que negó que les investigara por “delitos políticos”.