La Policía y la Fiscalía actuarán si las autonomías no acogen a los menores

Si las comunidades autónomas se niegan a acoger a un menor migrante no acompañado reubicado desde otro territorio, los profesionales que lo acompañan podrán pedir ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad de destino. Así lo recoge el decreto de desarrollo del mecanismo para la reubicación de los menores migrantes no acompañados que el Gobierno prevé aprobar el martes en el Consejo de Ministros.

Es la segunda norma que el Gobierno dicta sobre esta cuestión, después de aprobar el pasado 18 de marzo el real decreto ley que modificó la ley de extranjería para crear este mecanismo.

Este nuevo modelo, que por primera vez establece la obligatoriedad de que las autonomías se hagan cargo en su conjunto de los jóvenes que llegan a zonas como Canarias, Ceuta o Melilla en función de una serie de criterios como la población o la renta per cápita, ha despertado un gran rechazo de la mayoría de las comunidades. De hecho, diez gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado en marzo porque lo consideran “ilegal” y que invade competencias autonómicas.