El Congreso rechaza el decreto antiapagones con votos del PP, VOX, Junts, Podemos y BNG

El pleno del Congreso tumbó ayer el decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril debido a los votos en contra de PP y Vox, pero también de tres socios de investidura: Podemos, BNG y Junts. En público y en privado, las diversas formaciones se desmarcaron de la propuesta, una de las principales del “pleno escoba”, el último antes del parón veraniego. El decreto, que contaba con el visto bueno de las eléctricas, incluye medidas como reforzar la supervisión del sector, rebajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva o facilitar la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para convencer a la mayoría del hemiciclo, a pesar de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había pedido “responsabilidad política” y “altura de miras”. Por un lado, las fuerzas de izquierda (Podemos y BNG) desdeñaron el texto porque consideran que este está al servicio del “oligopolio” eléctrica. De su lado, PP y Vox defendieron que el apagón de abril fue culpa del Gobierno y que antes de poner en marcha cualquier medida tendría que haber dimisiones. Por su parte, Junts utilizó sus siete votos para dar un toque de atención al Gobierno como castigo por incumplir el acuerdo político respecto a la amnistía y al uso del catalán en la Unión Europea y expresar su malestar con la deriva del Ejecutivo. La formación catalana también votó en contra del decreto de entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos. Este último, no obstante, sí salió adelante gracias al apoyo de los populares, por lo que este año las comunidades podrán recibir 147.412 millones de euros y los ayuntamientos 28.734, lo que supone un 9,5% más que en 2024.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no estaba presente en el hemiciclo al encontrarse de viaje en Uruguay, quitó hierro al hecho de que sus socios de investidura le tumbasen el decreto antiapagones y afirmó que volverá a someterlo de nuevo a votación más adelante. Con todo, el jefe del Ejecutivo cargó contra el PP, a quien acusó de “estar votando en contra del interés general” y afeó que los hay que “hacen de todo menos política” porque solo “acuden al Congreso a votar en contra del Gobierno”. Sánchez evitó así atribuir este nuevo fracaso a la debilidad aritmética del Gobierno, recordando que en el pleno de ayer se presentaron otras seis iniciativas que salieron adelante.”Ni tan mal”, afirmó.

También la Asociación de Empresas de Energías Renovables APPA Renovables advirtió del incremento de los desequilibrios en el sistema eléctrico por no haberse convalidado el decreto antiapagones.

Entre las iniciativas que salieron adelante se encuentran la aprobación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, que superó el último trámite para su entrada en vigor tras haber apoyado el PSOE algunas enmiendas introducidas por el PP en el Senado. También se convalidó la proposición de reforma presentada por el PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, y apoyada por Podemos, para garantizar la labor periodística tras los episodios de “intimidación” y “faltas de respeto” de los últimos meses por parte de personas acreditadas como profesionales de la comunicación. Todos los grupos proponentes coincidieron en la necesidad de reforzar la actividad de los periodistas en el Congreso con medidas sancionadoras para quienes tengan comportamientos contrarios al decoro. Asimismo, la mayoría parlamentaria avaló adaptar el Reglamento del Congreso al lenguaje inclusivo y erradicar el sexismo. Debido a esto a partir de ahora se hablará solo del Congreso sin el apellido “de los Diputados”. Esto no supondrá cambio alguno en la denominación de la institución, solo posible si se modifica la Constitución.

El Gobierno desclasificará documentos secretos del franquismo y el 23-F

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de información clasificada que sacará a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición, al establecer el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más. Este proyecto de ley, que irá ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968, y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada cuando transcurran unos determinados plazos. Así, se establecen cuatro categorías de información clasificada “Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido” y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición. La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Consejo de Ministros. La ley introduce también un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros a los 2,5 millones de euros en los casos más graves.

Socios de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como PNV, ERC, Bildu y BNG, celebraron la aprobación del proyecto, pero consideran que llega tarde y que es insuficiente. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, cuyo partido lleva reclamando esta ley al Gobierno durante casi una década, afirmó que “por la primera lectura que hacemos, todavía está lejos de aquello que nosotros pedíamos”. Así, afirmó que presentará enmiendas cuando llegue al Congreso.

Aprobadas 1.200 plazas de asilo para menores

El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 1.200 plazas de asilo en la Península para menores migrantes no acompañados, y una partida de 40 millones de euros. Por otro lado, el Gobierno trasladará hoy a su red de protección internacional a los 100 primeros menores inmigrantes solicitantes de asilo de los que se hace cargo, que pasarán inicialmente por el centro de acogida Canarias 50, en el archipiélago.