PP, Vox y Podemos frenan la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya

El Congreso rechazó ayer por 177 votos en contra y 173 a favor la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts para la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat. Podemos mantuvo su “no” y tumbó la iniciativa junto con PP, Vox, UPN y el diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez. Los de Ione Belarra recibieron críticas del resto de socios de la investidura. PSOE y Junts criticaron que “baile el agua a la ultraderecha”, y ERC calificó de “kafkiano” que haya votado para mantener las competencias en manos del Estado. Podemos, por el contrario, insistió en que es una ley “racista”, y acusó a Junts de pretender que los inmigrantes “paguen la competencia electoral de Aliança Catalana”.

El “no” del Congreso deja en vía muerta uno de los acuerdos alcanzados entre PSOE y Junts al inicio de la legislatura. Los socialistas insistieron en que seguirán dialogando con los grupos para impulsar la iniciativa, y que recuperarán las partes de la norma que no tienen rango de ley y que pueden ponerse en marcha por decreto. El diputado socialista encargado de defender la iniciativa, José Zaragoza, aseguró que delegar competencias no es “ningún tipo de traspaso” sino que supone “ser más eficientes, mejorar la integración y reducir duplicidades”, y afeó las posturas en contra.

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cargó contra la posición de Podemos y defendió que Catalunya gestione la inmigración frente al “colapso” provocado por la “mala gestión” del Gobierno central. Según explicó, lo que se propone está previsto “en el artículo 150.2 de la Constitución” y daría competencias a Catalunya “para gestionar todos los permisos de residencia y de trabajo, estancias académicas, iniciar y finalizar procedimientos de expulsión o contratar en origen”. Además, aumentarían en 1.800 los efectivos de los Mossos para asumir funciones que hoy realizan la Policía Nacional Española y la Guardia Civil. Horas antes, el secretario general del partido, Jordi Turull, había acusado a Podemos de querer aplicar un 155 “en materia de inmigración”. “Los extremos se tocan”, afirmó.

Por su parte, ERC y Bildu advirtieron a los morados que muestran tintes “jacobinos”, que su postura atenta contra la unidad de la izquierda y que la foto de votar en el mismo sentido que PP y Vox no les ayuda. Pese a apoyar el traspaso, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, reprochó a Junts su discurso “racista” acerca de la inmigración al relacionarla con el “colapso” de los servicios públicos en Catalunya.

Por su parte, PP y Vox, aseveraron que la norma no tiene encaje Constitucional. Los populares afearon que la iniciativa “saca a España de Catalunya”. “Como los nacionalistas no lograron sacar a Catalunya de España, el PSOE ha decidido hacerles el trabajo”, criticaron.

Rechazo a endurecer la paternidad a temporeros

El Congreso mostró ayer su rechazo a la proposición no de ley presentada por Junts para reformar la legislación y endurecer los permisos de paternidad que se conceden a temporeros migrantes por posibles fraudes en su concesión. A través del diputado por Lleida, Isidre Gavín, Junts defendió que muchos agricultores vienen denunciando “abusos” y fraude en la concesión de permisos de paternidad. El diputado llegó a decir que hay migrantes que perciben varios permisos porque alegan que en su país “son polígamos”. “La Administración concede estos permisos con una solicitud hecha a mano, a veces con letra ilegible y con sello de goma. Vayan ustedes a sacarse el carnet de conducir o a darse de alta como autónomos con un papel escrito”, aseveró desde la tribuna. Junts solo encontró apoyo a su iniciativa en la bancada de Vox, aunque el partido ultra señaló que el texto auspiciado por Junts le parece “tímido”. Por su parte, casi la mayoría de los partidos del bloque de la investidura, como el PSOE, ERC, Podemos, PNV o Bildu reprocharon a los juntistas que busquen señalar a los migrantes y criticaron que con iniciativas como esta pretendan abrir las puertas al “racismo institucional”.

Aplazada la reforma sobre la atención al cliente en catalán

El Congreso aplazó ayer hasta dentro de dos semanas la decisión sobre la reforma legal que Junts asegura haber pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas. Tanto el ministerio de Consumo, en manos de Sumar, como el PSOE insisten en que el ámbito de aplicación serán las comunidades autónomas que tengan reconocida la lengua cooficial. Dicha reforma legal se contiene en una serie de enmiendas presentadas en el Congreso a la ley de servicios de atención a la clientela, que ayer se empezó a analizar en la ponencia correspondiente de la Comisión de Derechos Sociales.

La Generalitat dice estar “lista” para el traspaso

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, lamentó ayer el veto del Congreso al traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. Aseguró que era algo que el Executiu deseaba y que está preparado para “asumir de manera progresiva”. En este sentido, valoró que la proposición acordada por Junts y el PSOE “no tiene ningún elemento que pueda ser tildado de racista”, como critica Podemos, y se mostró convencida de que el Gobierno central “continuará tramitando la ley en el futuro” porque los socialistas tienen “intención de cumplir sus acuerdos”.