La Generalitat recibe 50 medidas para transformar la administración pública catalana: más IA, trámites ágiles y dirección profesional
Isla destaca la necesidad de "instituciones que funcionen" ante el auge de la antipolítica

De de izquierda a derecha: el presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el consejero|conseller de la presidencia, Albert Dalmau; y el presidente de la comisión de expertos de la reforma del Administracio, Carles Ramió.
La Comisión de Expertos para la Transformación de la Administración (CETRA) ha entregado este lunes un informe con 50 propuestas para modernizar la administración pública catalana. Durante el acto celebrado en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, tanto el presidente Salvador Isla como el presidente del Parlament, Josep Rull, han coincidido en la importancia de impulsar una reforma profunda de las instituciones en un contexto "de auge de la antipolítica". Entre las medidas destacadas está la agilización de trámites, la creación de una dirección pública profesional, una nueva ley de empleo público y la implementación de la inteligencia artificial en los procesos administrativos.
El Govern ya ha empezado a implementar algunas de las recomendaciones de los expertos durante los últimos meses. El nuevo modelo de atención ciudadana, que prevé diez Oficinas de Atención Ciudadana (una por veguería) con atención integral, ya se está desplegando por todo el territorio con el objetivo que estén todas en funcionamiento el año 2027. Además, a principios de 2026 se pondrán en marcha cinco oficinas móviles que llegarán a municipios pequeños y zonas menos conectadas, y a partir del próximo enero de 2026 se ampliará el horario de atención del teléfono 012, que estará disponible también los fines de semana no festivos.
Simplificación administrativa: 170 trámites más ágiles
Uno de los pilares fundamentales de la reforma es la simplificación administrativa. El Govern se ha comprometido a rediseñar más de 170 trámites hasta junio de 2026, con el objetivo de recortar plazos y facilitar la gestión tanto para la ciudadanía como para las empresas. Este 2025 ya se están abordando 31 procedimientos considerados prioritarios, reforzando al personal y automatizando tareas. Trámites como los títulos de familia numerosa y monoparental o las ayudas para vehículos eléctricos se encuentran en fase avanzada de implementación.
La inteligencia artificial, clave en la transformación
La inteligencia artificial (IA) jugará un papel fundamental en esta reforma. El ejecutivo catalán se ha marcado el ambicioso objetivo que todo el personal de administración incorpore la IA en sus tareas diarias y que se rediseñen 120 procesos en los próximos cuatro años. Para coordinar esta implementación, el Govern ya ha creado una nueva Dirección General de Inteligencia Artificial que lidera estos proyectos de transformación tecnológica.
Dirección pública profesional y nueva ley de empleo
Una de las propuestas más destacadas de la CETRA es el establecimiento de una dirección pública profesional que supondría un cambio radical en la elección de altos cargos. Esta figura permitiría que directores generales, directores de servicios y directivos del sector público fueran escogidos por méritos y no por afinidad política. El Govern ya ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de ley y prevé aprobarla definitivamente en el Consejo Ejecutivo en marzo de 2026.
Paralelamente, los expertos también recomiendan una reforma de los sistemas de selección de los empleados públicos, con cambios en las oposiciones para que sean más competenciales y menos memorísticas. El ejecutivo tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley de empleo público próximamente y, este noviembre de 2025, modificará los reglamentos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo, lo que permitirá reducir hasta un 60% la duración de los procesos de selección.
Eliminación de la cita previa y derecho al error
Entre las medidas más innovadoras destaca la eliminación de la cita previa obligatoria y el reconocimiento del derecho al error. Actualmente, hay en tramitación parlamentaria una proposición de ley que incluye estas cuestiones y que establece, por primera vez, el derecho de las personas a rectificar sus errores ante la administración, así como el de los servidores públicos a equivocarse, estableciendo una relación basada en la confianza mutua.
Dos nuevos órganos para implementar y supervisar la reforma
Para garantizar la aplicación de las medidas propuestas, se han creado dos nuevos organismos. La Comisión Interdepartamental para la Implementación de las Medidas de Transformación de la Administración (CIMTA), presidida por la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez, se encargará de analizar las propuestas y emitir un informe final en un plazo máximo de cuatro meses. Por otra parte, el Consejo Asesor para la Reforma de los servicios públicos (CARE), liderado por Carles Ramió, será un órgano consultivo permanente que evaluará la efectividad de las medidas y propondrá mejoras.
Illa defiende una reforma "continua"
Durante su intervención, el presidente Isla ha remarcado que esta reforma no será puntual sino un proceso "constante y continuo", ya que el mundo sigue evolucionando. Ha subrayado que esta iniciativa no implica una "desregulación" sino una "simplificación", y ha insistido en que las normas siguen siendo necesarias. "Si sale bien, será todo el país que saldrá mejor, y todos tendremos parte del mérito", ha añadido.
Apoyo del mundo económico a la reforma
La simplificación administrativa ha sido una demanda histórica del sector empresarial y económico. A la presentación del informe han asistido representantes destacados como el decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carles Puig de Travy; el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés; Miquel Camps, de la junta directiva de Pimec; el secretario general de la UGT, Camil Ros; y el presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, evidenciando el apoyo transversal que recibe esta iniciativa de reforma administrativa.