El abogado general de la Unión Europea avala la mayor parte de la ley de amnistía

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, avaló ayer la mayor parte de la ley amnistía al considerar que no es contraria al derecho comunitario. Esta decisión –que no es vinculante– acerca la aplicación de la norma a líderes del procés como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a los que el Tribunal Supremo se ha opuesto a amnistiar por el delito de malversación por el referéndum.

El informe del abogado concluye que los gastos del procés –unos 3,4 millones de euros según la Fiscalía– no afectaron a los intereses financieros de la UE, como respuesta a la petición del Tribunal de Cuentas. “No existe un vínculo directo entre los actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión”, señala Spielmann, que remarca que ni siquiera “una interpretación amplia” permite conectar “las actividades ilegales” con “recursos” de la UE.

Sin embargo, sí que advierte de que el plazo máximo de dos meses para dictar sobre la aplicación de la amnistía “podría resultar demasiado corto” para determinar si un caso está cubierto o no por la ley en función de si se trata de fondos de origen nacional o europeos y de su uso efectivo para promover la independencia de Catalunya. “Un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la independencia judicial”, avisa el abogado, aunque destaca que el Gobierno español apuntó que es de “carácter estrictamente indicativo”.

Descarta la “autoamnistía”

Spielmann, además, descarta que la tramitación de la norma responda a una “autoamnistía” y sostiene que no vulnera los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, por lo que discrepa con la vista en verano del letrado de la Comisión Europea. El abogado luxemburgués considera que la ley “guarda una relación directa con su finalidad política: la normalización institucional y la reconciliación social en el contexto de la crisis catalana” y que es “fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”. Asimismo, apunta que “no abarca indistintamente a todos los agentes del Estado o los titulares del poder, sino que se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”, por lo que “opera impersonalmente”.

Según el abogado general del TJUE, la ley de amnistía “permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal que la Directiva establece”.

En relación a los miembros de los CDR acusados de terrorismo por la Operación Judas, Spielmann señala que no existe colisión con la directiva europea de lucha contra el terrorismo, dado que la amnistía española “establece una exclusión explícita” de los actos que hayan causado violaciones graves de derechos humanos como los derechos a la vida y a la integridad física.

Puigdemont avisa de que la aplicación depende de “jueces salvapatrias”

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont destacó ayer que las conclusiones del abogado general del TJUE “han dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía”. Sin embargo, el exmandatario catalán advirtió de que la última palabra sobre su aplicación “la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria”, y sacó pecho de la decisión de “plantarse ante el primer redactado de la ley”, al sospechar que “dejaba demasiados agujeros para que la UE la revertiera”.

A la espera de la sentencia del TJUE, que suele seguir su opinión

Después del posicionamiento del abogado general del TJUE sobre la ley de amnistía, se espera que el Tribunal dicte sentencia en los próximos meses. Las conclusiones de Dean Spielmann no son vinculantes, pero el TJUE sigue la opinión del abogado en el 80% de las ocasiones. Con el visto bueno a la ley, el Tribunal Supremo –que hasta ahora se ha resistido a amnistiar a los líderes del procés pese al aval del Tribunal Constitucional– debería aplicar la amnistía a los expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a exconsellers como Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Francesc Homs o Andreu Mas-Colell, entre otros. En caso de que se les aplique la amnistía, Puigdemont podría volver a Catalunya y Junqueras –indultado en 2021 pero inhabilitado hasta 2031–, podría presentarse como candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas, su intención según confirmó en los últimos meses.