La jueza envía a prisión al principal sospechoso de asesinar en 2001 a Helena Jubany

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) ha enviado a prisión a Santiago L.P., principal sospechoso del crimen de la bibliotecaria Helena Jubany ocurrido en 2001 y que fue exculpado en su día por falta de pruebas, acusado de un delito de homicidio. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la jueza ha dictado prisión provisional para Santiago L.P., tal y como solicitaban la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de la víctima, tras una comparecencia en la que el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar.

En su auto, la magistrada argumenta que existen "indicios sólidos" que incriminan al investigado, a raíz de las pruebas de ADN que han hallado restos biológicos suyos en el jersey de la víctima, y acuerda su ingreso en prisión, por el elevado riesgo de que huya o de que intente influir en testigos del crimen. Jubany, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell. Fue arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo.

Santiago L.P. fue investigado hasta 2005 por su presunta relación con el crimen de la bibliotecaria, junto a su pareja Montserrat C., quien se suicidó en prisión tras ser detenida, y Ana E., pero la causa se acabó archivando para ellos por falta de pruebas concluyentes que los incriminaran.

Riesgo de fuga y de que influya en testigos

No obstante, la familia de la bibliotecaria litigó en los tribunales hasta lograr que se reabriera el caso, que estaba al borde de la prescripción, y logró que el juzgado encargara nuevos informes biológicos. Los recientes análisis de ADN encargados por la jueza han incriminado a Santiago L. en el crimen, por lo que la jueza reabrió la causa contra él. En el proceso está también imputado Xavi J., miembro de la Unión Excursionista de Sabadell (UES) a la que también pertenecía la víctima.

Según la magistrada, a raíz de las pruebas biológicas "existen sospechas fundadas" de la participación en el crimen de Santiago L.P., abogado de profesión que trabaja como funcionario de la Generalitat. "Los avances científicos en la investigación de los sistemas genéticos han permitido sumar a la investigación nuevos datos e indicios, que no pudieron obtenerse anteriormente y que refuerzan ostensiblemente la sospecha de la intervención de Santiago L.P. en la muerte dolosa de la víctima", apunta el auto.

La magistrada también ha tenido en cuenta la gravedad de la pena que podría imponerse al investigado, de hasta 20 años de cárcel, por lo que "más intensa cabe presumir la tentación" de que huya, incluso fuera de la Unión Europea, y evite ser juzgado. Recuerda también la magistrada que, por su profesión, el investigado comprende "perfectamente" el nuevo "escenario" abierto a raíz de las pruebas de ADN, "totalmente distinto al que se ha encontrado a lo largo de toda la instrucción, cuando no se disponían de elementos suficientes para sostener su imputación".

La jueza subraya que, por el momento, no dispone de datos sobre el arraigo del investigado, más allá de su trabajo en la Generalitat, del que se derivan unas posibilidades económicas que también podrían "facilitar su huida y asentamiento en otro país".

"Giro histórico del caso"

Tras conocer el auto de la jueza, el abogado de la familia de Jubany, Benet Salellas, ha celebrado en declaraciones a los medios que la magistrada considere "un dato muy relevante" las pruebas de ADN, una cuestión que conlleva un "cambio cualitativo" en el transcurso del caso. "Se hace suyo el resultado de la investigación de todos estos años", ha asegurado, en un auto que "hace referencia a muchos otros indicios que, según la magistrada y que nosotros compartimos, apuntan en la dirección de la participación de Santiago L.P. en el asesinato". Para la familia de la bibliotecaria, la prisión provisional para el principal sospechoso es una medida coherente con la situación actual del caso y con el esfuerzo que han hecho desde 2001 para que se hiciese justicia.