La directora del CNI admite que se autorizó el espionaje a Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie desde el 2019

La directora del CNI ha confirmado oficialmente este lunes ante el juzgado de instrucción número 23 de Barcelona que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje a los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie. Esperanza Casteleiro, quien dirige el Centro Nacional de Inteligencia desde mayo de 2022, ha podido hacer estas declaraciones después de que el consejo de ministros desclasificara la semana pasada una parte de los documentos reservados relacionados con este caso. No obstante, las investigaciones policiales revelan que las intrusiones en el dispositivo de Sànchez se remontan en el 2015, mucho antes de la autorización judicial confirmada.

Como ya hizo hace unos meses en el caso del espionaje a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba, Casteleiro se ha limitado a confirmar sólo el que la parte desclasificada de los autos del Supremo permiten: que desde el 2019 estaba autorizado judicialmente el espionaje a Sànchez y Paluzie, pero sin confirmar los detalles ni los métodos de espionaje.

En mayo del 2022, la ANC presentó una querella por el espionaje a sus dirigentes, aunque no iba contra ningún cargo u organismo concreto del Estado. En aquel momento, y con el informe de Citizenlab, se estableció que los afectados eran Paluzie, con cuatro ataques y una infección probada entre el 2019 y 2020; Sànchez (26 ataques entre 2015 y 2017 y cuatro infecciones probadas), y los secretarios nacionales Sònia Urpí (dos ataques con SMS en junio del 2020 y una infección probada) y Arià Bayé (un SMS en el 2020); y el miembro de base de la entidad Jordi Domingo (víctima vía WhatsApp en el 2019).

Además, un informe de los Mossos certifica que Sànchez recibió al menos 19 ataques. El primero fue en septiembre del 2015, cuando acababa de ser elegido presidente de la ANC pero todavía no se había ni acordado un referéndum independentista. La mayoría de ataques fueron entre entonces y en octubre del 2017, cuando fue encarcelado junto con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. De hecho, la policía asegura que el móvil de Sànchez fue víctima de un proceso malicioso con Pegasus y sufrió extracción de información entre en septiembre y el 13 de octubre del 2017, justo en el momento álgido del referéndum del 1-O y antes de ingresar en la prisión.

Todas estas infecciones quedarían fuera del periodo para el cual habría existido autorización judicial. Además, la legislación española sólo contempla este tipo de espionaje en casos de “procedimiento criminal y siguiendo los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”. El último ataque fue entre junio y julio del 2020 cuando tuvo un permiso penitenciario, este ya bajo el amparo del permiso del Supremo.

De Paluzie se han analizado dos teléfonos móviles. En el primero recibió dos ataques por SMS en agosto del 2019, poco antes de la sentencia del juicio en el Supremo contra la cúpula independentista, y un segundo a finales de octubre de aquel año, justo después de la sentencia y de las movilizaciones en contra. El segundo SMS era de tipo ‘cero-click’, donde el usuario no hace falta que entre al vínculo recibido para ser infectado igualmente. Paluzie cambió de móvil entonces y en mayo y en junio del 2020, en plena pandemia y en torno a las elecciones al secretariado de la entidad que presidía. Recibió por SMS dos ‘links’ a supuestas noticias de dos medios de comunicación diferentes donde hablaba de la ANC y sus elecciones.

Urpí fue atacada, como Paluzie, en junio del 2020, en torno a las elecciones al secretariado nacional de la entidad, cuando fue escogida miembro del órgano de dirección pero todavía sin ningún cargo concreto.