La ley de multirreincidencia de Junts avanza con acuerdos con PSOE y PP

La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias de los de Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez, se aprobó ayer por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso tras introducirse media docena de cambios que los independentistas han pactado con PSOE y PP. En cambio, socios del Ejecutivo de coalición como Bildu y Podemos hicieron constar su rechazo a la reforma.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales. En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedía el PP. Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE accedió a retomar la tramitación y ayer se estuvo discutiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia, que se reúne a puerta cerrada. El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, en enero o febrero.

Además de penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles —una medida que, tras las enmiendas pactadas, no afectará a dispositivos que estén a la venta en tiendas-, los grupos también han pactado endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa. Una enmienda aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito). Otra de las propuestas acordadas es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero. En cambio, quedan pendientes acuerdos como la capacidad de los ayuntamientos de personarse en casos de multirreincidentes, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.