Multas desde 300 hasta el medio millón de euros: el Parlament aprueba la actualización de la ley contra la LGTBI-fobia

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la proposición de modificación de la Ley 11/2014, actualizando así el marco legal para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales, y reforzando la erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia en el país. Esta reforma, presentada conjuntamente por los grupos de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP y aprobada por amplia mayoría de la cámara (107 votos favorables), introduce nuevos criterios de igualdad de trato, reconocimiento expreso al derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género y una revisión a fondo del régimen sancionador, con multas que llegan hasta los 500.000 euros en casos de máxima gravedad. En esta línea, el artículo también establece el derecho de reparación a la víctima, y también medidas accesorias o sustitutorias para el infractor, siempre que la víctima dé consentimiento.

El texto también define una protección específica para las personas trans e intersexuales, y refuerza el enfoque interseccional de la ley. Además, establece el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGBTI y las personas trans y reparar la invisibilización de las lesbianas.

El texto también crea la Red de Servicios de Atención Integral como paraguas para coordinar los servicios de atención integral LGBTI (SAI) y los puntos de información LGBTI, que es un servicio de referencia, atención y acompañamiento para personas LGBTI y sus familias que se tiene que desplegar por todo el territorio. La ley también dota los SAI y los consejos comarcales para impulsar políticas públicas LGBTI.

El dictamen final de la ley se ha aprobado gracias a los votos a favor de los grupos que han propuesto el texto: PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP (107). En contra lo han hecho PPC, Vox y Aliança.

Debate parlamentario

Durante el debate de los grupos parlamentarios, la presidenta de la CUP, Pilar Castillejo, ha destacado la "solidez y precisión jurídica" del nuevo texto. Ha añadido que se deja así atrás una ley "cargada de simbolismo" para ganar una norma "mucho más potente". Castillejo ha apuntado que el resultado es "lo mejor posible", con una ley que reconoce la autodeterminación de género, garantiza derechos y una red única de atención, con la víctima en el centro. "Se convierte la dignidad en obligación pública", ha subrayado a la diputada de la CUP.

A su vez, la diputada Tània Verge (ERC) ha advertido que los derechos LGTBI son ahora "diana" de "la ofensiva reaccionaria global", y ha remarcado que la respuesta democrática del Parlament ha sido este blindaje legal. La exconsellera ha destacado que ante la "banalización del odio y el auge del fascismo", la cámara catalana pone "pie contra pared" para reafirmar que los derechos humanos "ni se negocian ni se rebajan".

Por su parte, la diputada de los Comuns Susanna Segovia ha advertido que el LGBTI-fobia es estructural por el sistema cis-heteropatriarcal. Ha comentado que las mujeres y las personas LGTBI sufren vulneraciones y agresiones por culpa de este sistema, y ha alertado de que no tienen todos sus derechos garantizados. Segovia ha concluido que hacen falta políticas estructurales, y ha instado al Govern a "dar sentido" a la nueva ley.

La diputada del PPC M. Belén Pajares ha avisado de que su grupo estudia presentar recurso de algunos artículos al Tribunal Constitucional. Pajares ha recalcado que no se puede favorecer un colectivo por encima de otros, porque se provocaría un "agravio comparativo". La diputada del PPC ha asegurado que hace falta preservar el derecho a la intimidad y no aceptar "injerencias" en la vida de las personas.

Por parte de Junts, Laura Martínez ha destacado el consenso del texto final. La diputada ha subrayado que defender los derechos LGTBI también es defender la igualdad de todas las personas sin excepciones, y que el Parlament tiene la obligación de estar "a la altura" cuando se cuestionan todos estos derechos.

La portavoz parlamentaria del PSC, Elena Díaz, ha remarcado que la cámara ha estado hoy "a la altura" de la situación, y que la norma es "sólida y cuidadosa". La representante socialista ha defendido que la nueva ley piensa en personas que se ven obligadas a esconder su manera de amar para evitar agresiones. "No se crean privilegios, se refuerzan mecanismos de prevención", ha opinado.