El golpista de Cal Espardenyer

La Guerra Civil marcó la vida de Diego Ibáñez Inglés, el niño de Cal Espardenyer de Arbeca que se quedó huérfano antes de cumplir dos años al morir asesinado su padre en Les Borges durante el sangriento verano de 1936. Cuarenta y cinco años más tarde, el 23 de febrero de 1981, se inspiraba en el ideólogo de la sublevación franquista, el general Emilio Mola, para redactar el manifiesto por el que Jaime Milans del Bosch, teniente general de Valencia, alegando un “vacío de poder” más deseado que constatado y un “deber” de “garantizar el orden”, militarizaba a los funcionarios, prohibía los partidos políticos, criminalizaba la ausencia del trabajo y ponía cualquier hecho bajo la jurisdicción militar.

Ibáñez era entonces segundo jefe del Estado Mayor de la Región Militar de Valencia, es decir, el lugarteniente de Milans, y esa mañana, según corroboran las actuaciones judiciales en torno a la fallida asonada golpista y los documentos desclasificados esta semana por el Gobierno, había organizado por orden de su jefe las operaciones Alerta Roja y Turia, es decir la toma militar de la capital levantina por su propia guarnición, que sacó los tanques a la calle.

Diego era el hijo mayor de Antonio Ibáñez López, un guarda civil natural de Mula (Murcia) que llegó a Arbeca como cabo a mediados de los años 20 y que a comienzos de los 30 era sargento en Les Borges, y de Amalia Inglés, vecina de la primera de esas localidades e hija de Cal Espardenyer. Se casaron a principios de esa década, cuando el novio ya entraba en la segunda mitad de la cuarentena. Él nació en 1935 y tuvo una hermana, Maximina.

El paso de su padre por el puesto de Les Borges, donde era el comandante y como tal la primera autoridad militar del lugar, incluyó una misión crítica: tras los fets d’octubre del 34, los simultáneos y fallidos lavantamiento de la izquierda y declaración del Estat Català, fue el encargado de destituir al alcalde de Les Borges, Joan Novés, y a los concejales del Centre Republicà y de la Unió Socialista, lo que dejaba el consistorio en manos de los tradicionalistas de la Unió Ciutadana de Dretes, que pasaban de minoría a gobierno monocolor. Dos años más tarde, en el sangriento verano del 36, el sargento Ibáñez moría en Les Borges arrollado por la espiral de violencia política desatada con la sublevación franquista.

La familia regresó entonces a Cal Espardenyer, donde Diego Ibáñez creció como niño de la guerra hasta que, en la adolescencia, una beca como huérfano del bando vencedor le dió la oportunidad, cuando iba a cursar el Bachiller, de ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza. Su carrera de oficial terminó con las sentencias del 23-F, de cinco años de prisión en el consejo de guerra y de diez tras revisarla el Supremo.

Diego Ibáñez murió como excoronel en 1987, poco después de salir de la cárcel con un tercio de su pena por cumplir. Considerado duro en su línea política, presentaba una salud achacosa que la reclusión acabó de deteriorar.

Ibáñez viajaba con frecuencia a Arbeca para visitar a su madre y su hermana, ambas fallecidas, y su presencia era habitual en las fiestas y en Navidad. Su cuñado, agricultor, trabajó un tiempo en su firma de prefabricados de cemento en Valencia.

El debate de la vuelta del emérito deriva en otro sobre sus impuestos

Al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se le ha torcido otro de los debates que plantea para debilitar al Gobierno: el alboroto mediático en torno a si el rey emérito debe volver a residir o no en España ha derivado en otro sobre su situación tributaria, y a los conservadores no les ha quedado más remedio que alinearse con la izquierda y admitir que, si regresa, debe fijar su domicilio fiscal en territorio del Estado. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, vio ayer “obvio” que si vuelve a fijar su residencia en España tendría que “pagar impuestos” aquí. “Me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el PP, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.