Una marcha para pedir la dimisión de Sánchez acaba con 3 detenidos

Decenas de miles de personas pidieron ayer en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, entre insultos y acusaciones de corrupción en la denominada Marcha por la Dignidad, que acabó con 3 detenidos y 7 agentes heridos leves.

La protesta –unas 40.000 personas, según la delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores– estaba convocada por Sociedad Civil Española y apoyada por el PP y Vox.

La marcha discurrió entre insultos y acusaciones de corrupción, y algunos periodistas fueron increpados por los manifestantes en varios momentos de la protesta, que partió pasadas las 10:30 de la mañana de la plaza de Colón, por la calle Génova, hasta llegar al Arco de Moncloa sobre las 12:30 horas.

Muchos manifestantes continuaron concentrados en el Arco de Moncloa con sus proclamas al grito de “Pedro Sánchez, dimisión” o “No es un Gobierno, es una mafia”, pero varias docenas más intentaron acercarse al palacio de la Moncloa, lo que obligó a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de la A6.

El cordón policial que protegía las inmediaciones del palacio impidió aproximarse a los manifestantes a la sede de la presidencia del Gobierno, aunque los agentes se vieron obligados a cargar contra ellos en varias ocasiones para que mantuvieran las distancias.

Fuentes de la delegación del Gobierno en Madrid informaron que en los altercados fueron detenidas tres personas y que siete policías resultaron con heridas de carácter leve. Pasadas las 14:30 horas, la policía dio por finalizada la protesta y los posteriores incidentes.

Aldama y Abascal

Entre los manifestantes se pudo ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más, y a Aleix Vidal-Quadras y Marcos de Quinto como miembros de la plataforma Sociedad Civil Española.

También hubo una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró a los medios que los españoles han dicho, “Basta ya” de despertarse cada día con una “nueva trama de corrupción”, en la que “en el centro” está Pedro Sánchez.

García insistió en que el presidente del Gobierno está “en el centro de todo” y es el “responsable político y el encubridor” de los casos de corrupción, desde ser “el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo”.

A la convocatoria también acudió el líder de líder de Vox, Santiago Abascal, a la cabeza, quien aseguró que “España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo” a los ciudadanos y “promoviendo una invasión migratoria” y, ante esta situación, Sánchez “va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones” y “perpetuarse en el poder”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no acudió a esta protesta contra el Gobierno, exigió un cambio del clima político nacional, porque, a día de hoy, “no puede ser más repugnante”, y añadió que hay que estar “muy podrido moralmente” para leer los 80 folios del auto de imputación a Zapatero y “salir a darle apoyo”.

Luces y sombras del estatuto de los expresidentes del Gobierno

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de Plus Ultra vuelve a poner el foco en el estatuto de los expresidentes del Gobierno, un decreto que no impone ninguna obligación a quienes han ocupado la Jefatura del Gobierno, ni restringe sus actividades privadas, a pesar de que perciben distintas prestaciones del Estado desde que dejan el cargo.El estatuto, una norma aprobada inicialmente en 1983 y modificada en 1992, establece que los expresidentes gozarán de “consideración, atención y apoyos” tras el cese. Pone a su servicio dos puestos de trabajo que elige libremente y paga Presidencia; un automóvil con conductores, y la seguridad que determine el ministerio del Interior.Entre los derechos de los exgobernantes, el estatuto establece que gozarán del tratamiento de “presidente” y que en sus desplazamientos fuera del territorio nacional podrán tener apoyo de los servicios de la representación diplomática española. También tienen derecho a una pensión indemnizatoria vitalicia.Sin embargo, no establece obligaciones que deben cumplir los expresidentes o un régimen de incompatibilidades.“La actual regulación es claramente insuficiente”, según Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Distingue claramente entre lo que es una “actividad de influencia” lícita y el “tráfico de influencias”, delito por el que es investigado Zapatero, pero, insiste, el estatuto no prevé ningún tipo de actividad de los expresidentes y todo queda en “terreno pantanoso”.En la misma línea, Joaquín Meseguer, experto en transparencia, recuerda que la necesidad de reformar el estatuto no es una nueva reivindicación, “pero las actuales circunstancias hacen que algo pendiente desde hace mucho parezca más urgente”, precisa. Plantea reforzar la norma con un código ético de conducta y regular el papel que deben tener quienes han ejercido esa alta responsabilidad.Por el momento, solo IU ha reclamado una reforma.