El reto de costear la Dependencia
Catalunya concentra un tercio de los beneficiarios que están en lista de espera en todo el Estado. El pasado octubre entró en vigor la nueva ley sobre la Dependencia y la Discapacidad, en la que el Estado se compromete a asumir el 50% de la financiación y a reducir la larga espera para acceder a las prestaciones.

Más de la mitad de las personas que esperan poder acceder a las ayudas de Dependencia son mayores de 80 años. - EUROPA PRESS
La financiación de las prestaciones de Dependencia continúa siendo un reto importante que afrontar mientras los beneficiarios conviven con la espera para poder cobrar e, incluso, mueren sin llegar a recibir nada. Un reciente estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) muestra las desigualdades que existen entre las comunidades autónomas a la hora de hacer efectivo el sistema. Catalunya concentra un tercio de los dependientes de todo el Estado que, aún teniendo derecho a la ayuda y haber pasado ya la correspondiente valoración de grado, aún no lo han recibido. En toda España, 112.002 personas se encontraban en esta situación. Cierto es también que, según este informe, Catalunya es la segunda autonomía que ingresa más solicitudes, por detrás de Andalucía, que, en cambio, tiene a menos personas en el limbo. En las comarcas leridanas, según los últimos datos publicados por la conselleria de Derechos Sociales, los beneficiarios de la Dependencia han aumentado un 60% en diez años mientras que, al cierre del pasado abril, cerca de 2.500 personas se encontraban a la espera, de las que 1.673 ni siquiera tenían un reconocimiento inicial de grado. El pasado octubre, entró en vigor la reforma de la ley de Dependencia y Discapacidad, para ampliar los servicios disponibles, facilitar el acceso a distintas prestaciones y reducir la burocracia. Una de las principales novedades es el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación dependencia, que pasa de seis a tres meses. Asimismo, la norma establece que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la financiación del sistema de Dependencia. Según cálculos de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), actualmente la Generalitat asume cerca del 77% del coste, mientras que la aportación del Estado se sitúa sobre el 23%.
Con dificultades para el acceso de la vivienda y el encarecimiento de la cesta de la compra, están aumentando las personas que, pese a contar con un sueldo, se ven obligadas a recurrir a prestaciones y asistencias sociales. Desde el pasado 1 de octubre, la Generalitat ya gestiona el Ingreso Mínimo Vital, que al cierre del mes de octubre contaba con 25.580 beneficiarios, de los que el 45,5% son menores, en las comarcas leridanas. En el 76% de los hogares que ingresan esta prestación viven menores de edad, en los que el 20% solo cuentan con un progenitor. Esta ayuda es complementaria a la Renta Garantizada de Ciudadanía, con 2.275 beneficiarios en 2025 en la provincia de Lleida. Según un informe de Funcas, con datos de Eurostat y del INE, la tasa de carencia material y social severa en el conjunto del Estado apenas ha variado en la última década, a pesar del crecimiento económico y del empleo.