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Aproximadamente el ochenta por ciento del presupuesto de ingresos de la Diputación de Lleida proviene de la aportación de fondos que destina el gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso quiere decir que la función que realiza, es decir, la de asegurar la prestación de los servicios de competencia municipal en todo el territorio de la provincia y participar en la coordinación de los municipios con la Comunidad Autónoma y el Estado, o lo que es lo mismo, prestar su ayuda a aquellos ayuntamientos que por tamaño o falta de recursos no pueden ofrecer a sus vecinos los servicios que les corresponden, desde la gestión de residuos o acometidas de agua potable, pasando por las gestiones de carácter más administrativo como la recaudación y gestión de tributos o prestando figuras esenciales para el buen funcionamiento de un consistorio como la labor de secretariado municipal o de intervención de las finanzas públicas, todo ello, es financiado por el Estado. Y es lógico que así sea, pues con ese motivo se crearon en el siglo XIX.

En una provincia como Lleida, el trabajo y aporte de la Diputación es crucial. Núcleos poblacionales muy pequeños y dispersos entre sí, con rentas agropecuarias en su mayor parte y algunos ingresos turísticos hacen que la viabilidad de los mismos sea tremendamente complicada, y a falta de unas nuevas vías de financiación de los entes locales, la supervivencia de los mismos depende de organismos superiores, la Diputación, los Consells Comarcals, la Generalitat, etc.

Pero la Generalitat está tiesa, si me permiten la expresión. La nefasta gestión que llevan haciendo los últimos gobiernos de la misma, acentuada con el penoso espectáculo de ni siquiera disponer de presupuestos aprobados en esta legislatura, hacen que el gobierno de la Generalitat sea incapaz de hacer frente a sus compromisos económicos. Eso sí, reconocer que los tiene, los reconoce todos, pero pagarlos es otro cantar. Así, en la Diputación de Lleida asistimos comisión tras comisión a ejercicios de financiación de la Generalitat vía prórrogas de convenio, o lo que es lo mismo, a ampliaciones de periodos de pago, o directamente, vía préstamos para que sea la Diputación quien pague las ayudas a pequeños municipios y luego la Generalitat devuelva el importe a final de año o se haga un trueque del tipo “yo te debo tanto, tú a mí tanto otro, restamos y ya si eso, te pago lo que queda pendiente...” Y estamos hablando de actuaciones en infraestructuras viarias, en proyectos de salud o en comedores escolares... Y a lo largo de toda la provincia. Así que, además de ese ochenta por ciento de presupuesto, la Diputación destina una buena cantidad de fondos propios a mantener el territorio, cosa que la Generalitat no hace.

Por tanto, lo honesto es reconocer que, en nuestra provincia, es el Estado el que está haciendo territorio a través de la Diputación. Y además hace de banco de la Generalitat. Cualquier otro discurso son excusas de mal pagador.

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