El Supremo limita responsabilidad por el covid

Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia de 27 de enero que establece un importante criterio en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria. En ella declara que la Administración no responde automáticamente por los efectos adversos derivados de la vacuna contra el covid-19, salvo que exista mala praxis o funcionamiento anormal del servicio sanitario.

En la sentencia analiza el caso de una mujer que reclamó una indemnización tras sufrir una trombosis semanas después de recibir la vacuna. Aunque inicialmente se reconoció su derecho a percibir una compensación, el Tribunal Supremo ha revocado dicha decisión al considerar que no se acreditó la existencia de una actuación incorrecta por parte de la Administración sanitaria.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que rechaza la idea de que la Administración deba responder por el mero hecho de haber administrado la vacuna. Según el Tribunal Supremo, la responsabilidad no puede basarse únicamente en la producción de un daño, sino que debe existir una actuación negligente, incorrecta o carente de la diligencia debida.

Además, resalta que la vacunación contra el covid-19 fue voluntaria para los ciudadanos, de modo que quien decidió vacunarse aceptó los riesgos inherentes al tratamiento. Analiza el contexto de pandemia mundial en que se vacunó. Entiende que las decisiones sanitarias se adoptaron conforme al conocimiento científico disponible en cada momento y con el objetivo de proteger la salud pública.

Esta doctrina tendrá un impacto significativo en futuras reclamaciones, ya que eleva el nivel de exigencia probatoria para los afectados y limita los supuestos en los que podrá exigirse responsabilidad patrimonial a la Administración.

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