El culebrón de las plantas de purines

La regulación de las plantas de purines amenaza con convertirse en todo un culebrón con cambios de criterios gubernamentales que han llevado de la incentivación a las restricciones con el episodio insólito de que el Tribunal Supremo amenazara al ministro de Energía, Álvaro Nadal, con multarle personalmente si no restablecía las primas a las plantas de purines.

El litigio se remonta a los gobiernos de Aznar cuando se incentivó la construcción de estas plantas como una forma de eliminar los residuos del porcino y producir electricidad, que en sus inicios estaba generosamente primada, hasta el punto de que empezaron a proliferar los proyectos y solo en Lleida llegó a haber diez iniciativas diferentes para construir plantas aprovechando tanto la abundancia de purines y la necesidad de reciclarlos evitando la contaminación de acuíferos como la alta rentabilidad prometida en base a las primas.

Pero en 2014 el ministro Soria decidió sustituir las primas a las plantas por criterios de rentabilidad, en la práctica todo un tijeretazo que además era retroactivo, por lo que las plantas eran obligadas a devolver las primas cobradas el año anterior y que contemplaba tan poca rentabilidad que abocó al cierre a las 28 plantas existentes en España, de las cuales cuatro estaban en Lleida.

Los payeses volvían a tener el problema de cómo eliminar los purines y quienes habían invertido en las plantas se encontraban con las instalaciones cerradas. Recurrieron a los tribunales y justamente hace un año, el 20 de junio de 2016, el Supremo dictaba sentencia contra el tijeretazo de Soria y daba un plazo al Gobierno de cuatro meses para que aprobara una nueva regulación de las primas que garantizara su viabilidad económica.

Los cuatro meses pasaron sin que el Gobierno cumpliera la orden judicial y tras la amenaza de multa, el pasado sábado se restablecían las primas a estas plantas, pero las limita a las plantas de hasta quince años de antigüedad, lo que condena al cierre a dos de las cuatro existentes en Lleida.

Pero que nadie considere cerrado el culebrón, porque las empresas propietarias de las plantas afectadas consideran que esta nueva regulación vulnera una norma superior, la ley que regula las energías alternativas y la cogeneración, que estipula en 25 años el periodo de retribución para estas plantas. La cuestión vuelve a estar en los tribunales y hay que preguntarse cómo pueden hacerse las cosas tan mal.