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Ha arrancado la decimosegunda legislatura del Parlament en unas condiciones anómalas, con ocho diputados electos que no pudieron participar en el pleno porque están en prisión o en Bruselas, y con la incertidumbre de si el candidato de la mayoría parlamentaria podrá ser investido presidente, pero de entrada hay que valorar positivamente que la constitución del Parlament se hizo dentro de la legalidad más estricta y que el tono del primer discurso del nuevo presidente, Roger Torrent, fue conciliador. Es significativo que la mayoría no pidiera el voto delegado de los diputados exiliados en Bruselas para evitar posibles recursos, y también porque probablemente no los necesitaban con la abstención de Catalunya en Comú, y que se aceptara el voto delegado de los diputados presos en la línea de lo recomendado por los letrados del Parlament y por el mismo juez. No hubo más sorpresas que el contundente discurso del presidente de la Mesa de edad y un voto en blanco del bloque constitucionalista, pero la intervención del presidente Roger Torrent marcó la prioridad de recuperar las instituciones y superar el 155, como era obligado mostró la solidaridad con los diputados que no estaban, y expresó su voluntad de respetar la voz de los 135 diputados. Tan significativo como lo que dijo es lo que obvió y así no hubo ninguna alusión a la independencia, ni a la república e incluso cerró su discurso con vivas a la democracia y a Catalunya, y cabe preguntarse si estamos ante un cambio de estrategia del bloque independentista o simplemente se trata de una táctica para ganar tiempo en los diez días que faltan para la sesión de investidura. De momento, el discurso de Torrent sólo fue criticado por los dos extremos: por Ciudadanos y por la CUP y obviamente por razones contrapuestas y desde el PP ya han anunciado que no recurrirán el voto delegado de los diputados que están en la cárcel y ahora habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones para la investidura y cómo se concreta el acuerdo de la mayoría para investir a Carles Puigdemont, si se llega a algún pacto para que el presidente pueda volver, si se designa a algún candidato interpuesto o bien si la mayoría fuerza la investidura a distancia pese al informe de los letrados y la advertencia del Gobierno central de mantener el 155. Todo sigue incierto, pero la prioridad compartida por una amplia mayoría es recuperar las instituciones.

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