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Enfrascados en la pandemia y los dubitativos pasos de la desescalada, ha quedado en segundo plano la aprobación de los presupuestos del Estado para el año que viene en los que significativamente Sánchez ha obtenido 22 votos más de los que propiciaron su elección, algo que podría traducirse en que ha aumentado su base parlamentaria de apoyos y que son hasta once partidos los que han considerado prioritario respaldar las cuentas en estos momentos tan complicados. Ciertamente, es una mayoría heterogénea de la que solo se han excluido los partidos de derechas y que ha provocado críticas de algunos sectores por el apoyo de Bildu, pero habrá que recordar que también el PP pactó con esta formación en el ayuntamiento de Vitoria y que es obligación del gobierno hablar y negociar con todos los que se sientan en el hemiciclo y representan democráticamente a una parte de los ciudadanos. Al margen de disquisiciones sobre apoyos, lo importante es que haya presupuestos porque aún teníamos que funcionar con los de Montoro y del PP de 2018, porque en 2019 fueron derrotados llevándonos a nuevas elecciones, una opción que ahora sería catastrófica, de la misma forma que sería desastroso tener que prorrogar los ya prorrogados en unas circunstancias absolutamente diferentes. Había que tener nuevos presupuestos y además los aprobados contemplan el mayor gasto social de la historia, ponen fin a los recortes, aumentan la inversión y afrontan una cobertura extraordinaria para la Covid. Puede discutirse si hay optimismo con los ingresos o demasiada confianza en la ayuda que llegue de Europa, pero era imprescindible aprobarlos aunque la derecha española se haya indignado porque lo contrario era catastrófico y ahora ya tenemos un instrumento para dinamizar la economía y afrontar la lucha contra la Covid. Desde la perspectiva catalana, los presupuestos han marcado la división del independentismo con los votos a favor de ERC, que ha tenido un papel activo en la negociación de apoyos, y del PDeCAT, mientras que JxCat y CUP votaban en contra alineándose, aunque por motivos diferentes, con los votos en contra de la derecha española. También puede discutirse si las contrapartidas obtenidas y los compromisos como acabar con el dumping fiscal de Madrid son suficientes para respaldar la gobernabilidad, pero cualquier otra alternativa hubiera sido peor en estos momentos.

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