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Llega el 1 de mayo, día de los trabajadores, después de conocerse los malos datos de empleo de la Encuesta de Población Activa que publicamos ayer y que justifica más que nunca la celebración de hoy. El impacto de la pandemia sigue siendo brutal en el mundo del trabajo, con la destrucción de más de 137.000 empleos en España en el primer trimestre y datos extrapolables a Lleida, donde se han destruido casi cinco mil puestos de trabajo en un año, con un incremento del número de parados en 10.500 personas.

Pese a que 2020 fue el año más duro, en este primer trimestre del 21 se mantiene la tendencia negativa, y en Lleida se registran 2.300 parados más con la desaparición de 1.300 empleos respecto al trimestre anterior, lo que muestra cómo los efectos del confinamiento y las restricciones tienen unas consecuencias nefastas en la economía y en el empleo, sin que la pequeña recuperación registrada en la agricultura y la industria compense la negativa evolución de la construcción y el sector servicios, que es el gran perjudicado con diez mil empleos menos. Hay menos puestos de trabajo y más paro, con la agravante añadida de que más de 400.000 trabajadores en toda España se han acogido a expedientes de regulación temporal de empleo y los sindicatos temen que tres de cada diez de estos trabajadores pueden acabar perdiendo el empleo.

Y si hay que poner cara a este drama, hay que destacar que hay dos sectores especialmente castigados, el de las mujeres, cuyo índice de paro prácticamente se ha doblado en Lleida, y el de los jóvenes, que registra unos niveles más que preocupantes y que ronda el 40 por ciento entre los menores de 30 años. Frente a esta situación, tiene más sentido que nunca celebrar el 1 de mayo para defender los derechos de los trabajadores, para reclamar incentivos a la creación de los puestos de trabajo, para combatir la precarización del empleo, para exigir que se priorice el empleo femenino y juvenil, y para que las prometidas ayudas comunitarias se traduzcan en ayudas a los trabajadores, que se han convertido en los grandes damnificados de la pandemia y la crisis generada.

Vacunados en el limbo La comisión de salud pública decidió ayer aplazar un mes la decisión sobre qué hacer con el millón de personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca a la espera de que se acaben los estudios encargados.

En Alemania y Francia están recibiendo segundas dosis con Pfizer, mientras que en Reino Unido e Italia han mantenido la AstraZeneca. España ha preferido esperar, como Irlanda, y por mucho que tranquilicen sobre la inmunidad alcanzada y que siguen dentro del plazo, no deja de ser preocupante esta indecisión.

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