La vivienda necesita un arreglo

Que el acceso a la vivienda es un problema en España es una cuestión tan evidente que no merece más discusión que repasar estadísticas, precios y salarios de los que aspiran a conseguirla.

Se recogió como un derecho constitucional, se ha hablado mucho, pero se ha avanzado poco y el resultado es que miles de ciudadanos aspiran a disponer de un sitio para vivir sin poder conseguirlo, mientras hay miles de pisos vacíos en todas las grandes ciudades. En teoría, las soluciones pasarían por una parte por penalizar a los grandes propietarios de pisos vacíos, que en su mayoría son bancos y fondos que se quedaron lo que no se pudo vender con el estallido de la burbuja inmobiliaria; por otra, por incentivar el mercado de alquiler fijando topes y paralelamente promover la construcción de viviendas sociales o, como se llamaban antes, de protección oficial, subvencionadas en parte y destinadas a la población con menor poder adquisitivo.

En la práctica, se está viendo que el proyecto de regulación anunciado por el Gobierno choca con la crítica de los grandes propietarios, que se sienten perjudicados y hasta hablan de una conculcación del derecho a la propiedad privada, y la oposición del PP que ya ha anunciado que no aplicará la norma estatal en las autonomías donde gobierna, con lo cual, teniendo en cuenta que las competencias sobre vivienda están transferidas, la norma puede tener poco recorrido porque también ha recibido críticas de los sindicatos de inquilinos e incluso Catalunya considera que la ley estatal es un retroceso respecto a la norma aprobada por la Generalitat porque puede debilitar el control de alquileres vigente desde hace un año y que ha permitido que bajaran las rentas de alquiler un 7,1 por ciento en Barcelona y un 2,7 en el conjunto de Catalunya.

La polémica está abierta porque antes de conocerse el texto completo de la ley, cuyo despliegue no será efectivo hasta después de las elecciones generales, ya se ha anunciado una batalla frontal. El proyecto contempla cuestiones tan racionales como que los propietarios de más de diez pisos vacíos tendrán que pagar una cuota, que no podrán subir los alquileres más allá del IPC, que se reservará el 30 por ciento de las promociones a la vivienda protegida y que se creará un bono mensual de 250 euros durante diez años para ayudar a los jóvenes a emanciparse.

No parecen planteamientos radicales, teniendo en cuenta que la Generalitat ya tiene fijado un tope que impide subidas de alquiler y que incluso obliga a bajarlos si se supera el índice fijado en los municipios más tensionados.

Parece obligado que las administraciones actúen para solucionar el problema de la vivienda y que intervengan para corregir las distorsiones del mercado, que en parte vienen provocadas por la liberalización y la barra libre decretada por Aznar, y evitar que por ejemplo en Lleida haya 3.150 viviendas vacías mientras los jóvenes buscan piso..