EDITORIAL
Albergue y residencia
Que Lleida necesita una instalación para acoger a las personas sin techo o a los temporeros que vienen a buscar trabajo es una evidencia que nadie puede discutir si queremos evitar las penosas imágenes de personas durmiendo a la intemperie o en rincones del centro histórico como ha sucedido algún verano.
La solución de instalarlos como se ha hecho en los últimos años en uno de los pabellones de la feria es claramente provisional e insuficiente, como también lo son los equipamientos actuales y en consecuencia parece razonable que la Paeria prevea la construcción de un albergue que según el proyecto presentado también se destinará a otros fines. Los problemas empiezan a la hora de decidir la ubicación y el actual equipo de gobierno ha optado por aprovechar unos terrenos municipales en Pardinyes, donde según los vecinos había un compromiso para construir una residencia.
A la vista de las repercusiones que ha tenido el proyecto es evidente que no se gestionó bien la operación porque se han recogido más de cinco mil firmas en contra, ha provocado manifestaciones en contra, alguna con incidentes a la salida del alcalde de una reunión y la última este jueves con unos quinientos participantes, y sobre todo ha generado crispación en el barrio y por extensión en la ciudad, presentando como antitéticas las opciones de construir un albergue y una residencia para el barrio cuando deberían ser y son perfectamente compatibles y así hubiera tenido que presentarse desde el primer momento.
Son exageradas las quejas de los contrarios al albergue diciendo que se castiga al barrio, que es uno de los mejor dotados en equipamientos e instalaciones, o cuando afirman que en Lleida ha muerto la democracia, pero también es evidente que el gobierno municipal hubiera tenido que mostrar una actitud más dialogante y abierta a la negociación. Y más teniendo en cuenta que el mismo pleno de la Paeria aprobó una moción en contra de la construcción del albergue que por mucho que no sea vinculante, sí debería ser valorada porque reflejaba el sentir de la mayoría de concejales para reorientar el proceso, respetando la opinión de la mayoría municipal, que incluso plantea dudas jurídicas sobre la legitimidad de la aprobación únicamente por la junta de gobierno y también la de un sector importante del barrio afectado.
Es evidente que corresponde al gobierno municipal decidir la ubicación y que deberíamos superar el cliché de no querer determinadas instalaciones cerca de nuestra casa, pero el proceso también debería ser dialogado, consensuado y negociado.
Y sobre todo habría que romper la dicotomía entre albergue y residencia porque las dos infraestructuras son compatibles y podrían plantearse de forma simultánea, pero en cualquier caso hay que seguir hablando desde el respeto y la tolerancia antes de que la situación se deteriore más y aumente la crispación.