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Estos días hemos visto cómo los ánimos de Francia se están caldeando y el presidente galo, Emmanuel Macron, involuntariamente, ha sacado a la calle a miles de compatriotas disconformes con su propuesta para modificar el sistema de pensiones. Pese a estas protestas, el ejecutivo galo se mantiene en sus trece y todo parece indicar que no cederá y la edad de jubilación pasará de los 62 años actuales a los 64, y el periodo de cotización se ampliará de 42 a 43 años en 2027 para obtener una pensión completa que, en el vecino país, sería como mínimo de 1.200 euros. Los detractores de la reforma recuerdan que los dos tercios de los trabajadores de más de 60 años ya no están en activo por diversos motivos (enfermedad, desempleo, etc.), con lo cual es poco realista incitarles a seguir estando activos en el sistema laboral.

Sin embargo, el partido de Macron, que carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, defiende que el futuro del sistema público de pensiones pasa inexorablemente por sacar adelante la reforma y para ello podría incluso buscar los votos de la bancada de derecha Los Republicanos (LR), partido que, por otra parte, controla el Senado, sin excluir la aplicación de la reforma por decreto.Y si los franceses salen a la calle para evitar retirarse más allá de los 62 años, aquí la situación es muy diferente. La edad mínima actual para dejar el trabajo, si se quiere optar a la retribución máxima es de 65 años, pero siempre que el periodo cotizado haya sido de 37 años y 9 meses, mientras que, si es menor de este plazo, la edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años y cuatro meses. Es del todo normal que se module el sistema de pensiones conforme avanza la sociedad, pues no tiene nada que ver la menor esperanza de vida de hace varias décadas con la actual, con una longevidad más que notable, sumada a las buenas condiciones de salud y calidad de vida de que goza la población en general.

Según las estimaciones gubernamentales, para mantener el actual sistema en España son necesarios más de dos trabajadores por cada cotizante, aunque la ratio va disminuyendo paulatinamente por el descenso de la natalidad después del “baby boom” de finales de los 60 y, por tanto, también será necesario implementar cambios que aseguren este pilar básico del estado de bienestar sin agrandar el agujero de los costes. En el caso de la provincia de Lleida, cuenta en la actualidad con un total de 2,23 trabajadores que cotizan a la Seguridad Social por cada pensión en vigor, una ratio inferior a la catalana y a la estatal, que se sitúan en 2,33 y 2,39, respectivamente. Con datos al cierre de 2022, había 198.528 personas que aportan a la Seguridad Social en la provincia a 89.193 pensionistas y se ha disparado el gasto mensual para este apartado, llegando a los 107 millones de euros al mes, 8,7 millones más que hace un año.

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