Un cambio de modelo que necesita recursos
La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció ayer que el Govern suprime la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para crear la de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, que entrará en funcionamiento el 3 de junio. Al margen del cambio puramente nominal, Martínez Bravo indicó que habrá modificaciones de fondo, ya que este nuevo organismo no podrá gestionar las prestaciones económicas a jóvenes extutelados ni concertar las plazas a los centros de menores, y estará más centrado en la protección de los tutelados. Esta transformación llega tras hacerse público hace unas semanas que una niña de 12 años que estaba en un centro de menores bajo tutela de la Generalitat en Barcelona fue violada en repetidas ocasiones por pederastas durante casi dos años entre 2020 y 2021, sin que la DGAIA detectara nada, como tampoco lo hizo cuando el pederasta de Castelldans David Donet abusó durante 15 años de al menos cinco menores tutelados. Y a estos casos espantosos se les suman otras cuestiones preocupantes, como el informe de la Sindicatura de Comptes que constata que se gastaron más de 100 millones en contratos a dedo y sin amparo legal en centros de menores entre 2016 y 2020, o la investigación abierta por la Oficina Antifrau sobre las prestaciones a extutelados gestionadas por dos entidades. La consellera detalló que la nueva estructura contará con dos organizaciones externas encargadas de supervisar su gestión. También avanzó que hasta 2027 se contratarán 300 nuevos profesionales, de los que 243 se destinarán a reforzar los equipos de prevención, y aseguró que el Govern dedicará “todos los recursos que sean necesarios” para llevar a cabo todos los cambios. Ahora bien, no concretó cuál será su presupuesto ni de dónde saldrán los recursos, un asunto que no es menor teniendo en cuenta que ha sido imposible aprobar el presupuesto de la Generalitat de este año y que de momento no está asegurado que sí lo habrá el próximo ejercicio. Sea como sea, la atención a los menores vulnerables debe ser una prioridad para el Govern, que está obligado a que los cambios sean de calado y no se queden solo en la organización. Tal como recordó la responsable del departamento de Derechos Sociales, el número de niños, adolescentes y jóvenes que han accedido a su sistema de protección se han incrementado un 70% en los últimos diez años y actualmente ya son 14.668. Y en las comarcas de Lleida, los que se encuentran en esta situación son 925. Ante esta situación, hay que pedir a todos los partidos que actúen con responsabilidad y acuerden un marco estable que garantice una atención adecuada a las necesidades de este colectivo, que cada vez es mayor, y que también incluya mecanismos que velen de forma efectiva por una buena gestión.
