¿Una ley que maltrata a las víctimas?
El proyecto del gobierno central de centralizar en Lleida los casos de violencia machista que se denuncien en los juzgados de Cervera y Balaguer corre el riesgo de provocar exactamente el efecto contrario al que persigue: en lugar de proteger a las víctimas, podría revictimizarlas hasta el punto de añadir al maltrato que les inflige su agresor el de las instituciones. Así se desprende del análisis que ha hecho el Colegio de la Abogacía de Lleida, que llega a unas conclusiones con las que solo cabe estar de acuerdo desde el más elemental sentido común. Las mujeres maltratadas en el partido judicial de Cervera (36 municipios y 53.978 habitantes) y en el de Balaguer (41 municipios y 64.467 habitantes) deberán desplazarse a Lleida, con unos viajes de hasta una hora en muchos casos desde localidades en las que no hay transporte público o es muy deficiente, con el perjuicio que eso comporta para las personas que no cuenten con vehículo privado. Al llegar al juzgado de Lleida, muy colapsado, se encontrarán con solo dos pequeñas salas de espera, de 4 y 2 metros cuadrados respectivamente, en las que llegan a acumularse 11 víctimas a la vez. Eso comporta un perjuicio muy grave para la intimidad de unas víctimas que se encuentran en una delicada situación de vulnerabilidad emocional y afectiva, además de un riesgo evidente de sufrir una crisis de miedo o ansiedad ante la posibilidad de reencontrarse con sus agresores en un espacio tan reducido, un riesgo que puede traducirse en un desistimiento en la denuncia en el supuesto que este reencuentro se produzca. El proyecto del gobierno prevé dotar al juzgado de violencia doméstica de Lleida de un segundo magistrado para compensar el aumento de trabajo que comportará esta centralización, pero la medida se antoja claramente insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que la previsión legislativa también contempla que los juzgados de violencia machista asuman a partir de ahora las causas registradas por agresiones sexuales. Estamos hablando de una de las problemáticas más graves de la sociedad, como es el maltrato a mujeres por parte de muchas parejas que tienen una mentalidad machista que por desgracia está muy lejos de ser erradicada, y ante esta problemática las cosas se pueden hacer mejor o peor, pero es absolutamente injustificable que el efecto sea maltratar aún más a las víctimas y a sus hijos.
Sobre el fiscal general
El fiscal general no debió filtrar negociaciones con el defraudador confeso que es novio de Ayuso, pero cabe preguntarse por las filtraciones no perseguidas de causas políticas del Supremo y por la imparcialidad de un juez que ordenó registrar el despacho de García Ortiz como si fuera el de un narco.
