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En España hay 3.000 juezas y 2.500 jueces que trabajan, en la inmensa mayoría de los casos, con una profesionalidad admirable. La judicatura tiene su mayor problema en algunos jueces concretos, normalmente de la cúpula, que instruyen o juzgan causas de naturaleza política. Algunos llevan meses manteniendo vivos unos procesos contra el entorno de Pedro Sánchez o del gobierno que tienen poquísima sustancia o no tienen ninguna. Entre ellos se lleva la palma el que llevará al banquillo al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo de un defraudador confeso, lo que será un juicio insólito teniendo en cuenta que las filtraciones en los juzgados se cuentan a centenares, particularmente en causas políticas del Tribunal Supremo, y han sido muchas también en la propia causa contra el fiscal general sin que ninguna haya sido perseguida por el juez instructor. El PP utilizó todo este material de poca o nula enjundia para sacar a la calle a miles de personas acusando al gobierno de ser una mafia, una acusación muy gorda que ha hecho que ahora que ha aparecido un caso de corrupción de verdad se hayan quedado sin palabras y les pase como al pastor mentiroso de la fábula de Esopo, que cuando dice que viene el lobo después de habérselo inventado varias veces nadie le cree. Las exageraciones de los populares ante los casos que no tenían sustancia han provocado que lo que digan ahora quite importancia a un caso Cerdán que tiene toda la apariencia de convertirse en una de las peores corrupciones de la democracia. Eso sin contar que lo más grave de este caso no está tipificado en el Código Penal: son los audios repugnantes en los que Koldo y Ábalos hablan de mujeres, lo que obliga al gobierno a actuar de una vez en relación a la prostitución, ya sea aboliéndola o regulándola. Lo que no puede ser es dejarla en el limbo actual, en el que campan a sus anchas mafias (de verdad) y hombres con la mentalidad asquerosa que denotan esos audios. El TC está reunido desde el lunes para debatir el borrador que declara constitucional la ley de Amnistía. Previsiblemente será aprobado mañana, pero el Supremo seguirá aplicando la esperpéntica interpretación que considera que los líderes del procés se enriquecieron personalmente con el referéndum. Ese aparente partidismo político de unos jueces muy concretos –y muy relevantes– produce los efectos del pastor mentiroso en la credibilidad del sistema judicial. No ayuda a corregirlos que las asociaciones conservadoras anuncien tres días de huelga en julio contra una ley del gobierno. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. ¿Lo hicieron cuando el PP bloqueó inconstitucionalmente durante 6 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial? No. ¿Tienen credibilidad ahora cuando dicen que van a la huelga para defender la independencia judicial? Que viene el lobo solo hay que decirlo cuando viene el lobo.

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